Organismos de derechos humanos acusan a la jueza Alicia Vence por paralizar causas sensibles sobre crímenes de la dictadura.
Organismos de derechos humanos presentaron una grave denuncia contra la jueza federal Alicia Vence por las demoras prolongadas en causas de lesa humanidad que tramita el Juzgado Federal N°2 de San Martín, a su cargo. Los cuestionamientos apuntan a la falta de avances en expedientes clave que investigan crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en especial en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo.
Según el colectivo Mario Bosch, que agrupa a abogados de todo el país que intervienen en juicios por delitos de lesa humanidad, en la causa 4012 —una de las más emblemáticas— se presentaron 13 pedidos de indagatoria por parte de las querellas y dos solicitudes del Ministerio Público Fiscal en los últimos cinco años. La jueza no dio curso a ninguno de ellos.
Causas paralizadas y preocupación de familiares
La situación no es aislada. Las demoras también afectan expedientes vinculados con la desaparición de trabajadores en las plantas de Ford, Mercedes Benz y Techint. En total, los organismos advierten que hay más de 50 imputados que aún no fueron citados a declarar.
El año pasado, familiares de víctimas, organizaciones sindicales y agrupaciones de derechos humanos se movilizaron hasta el Juzgado Federal de San Martín y la Cámara Federal de la jurisdicción para reclamar por la “parálisis judicial”. La movilización fue respaldada por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras entidades.
Uno de los principales reclamos es el ritmo extremadamente lento de las investigaciones. “Desde 2019, apenas cinco personas fueron llamadas a declarar como sospechosos. Un acusado por año es una cifra alarmante, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y el tiempo transcurrido”, señalaron desde las querellas.
El caso Mercedes Benz: sobreseimiento y marcha atrás
Un ejemplo claro es la causa que investiga el secuestro y desaparición de trabajadores de Mercedes Benz en la década del 70. La jueza Vence mantuvo el expediente durante ocho años sin resolución y, cuando finalmente accedió al pedido de citación a indagatoria del exgerente Juan Ronaldo Tasselkraut, dictó de inmediato su sobreseimiento. Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín revocó esa decisión y lo procesó por dos de los 17 hechos que se le imputaban. Otro de los acusados falleció durante la tramitación, sin haber llegado a declarar.
Críticas al Poder Judicial y pedidos a la Corte Suprema
Los organismos también expresaron su preocupación por la reducción de personal en las secretarías especializadas en derechos humanos, la postergación de juicios orales por falta de jueces o por el “abuso de la virtualidad”, y la falta de transparencia en las audiencias, que muchas veces no son públicas ni transmitidas en vivo.
Fuera del ámbito judicial, también se denunció la falta de compromiso del Poder Ejecutivo para garantizar el acceso y resguardo de archivos oficiales, en particular documentación de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de inteligencia que podría aportar pruebas clave en las investigaciones.
Los reclamos serán elevados a la Comisión Interpoderes de la Corte Suprema de Justicia, el espacio institucional creado para coordinar esfuerzos entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y los organismos de derechos humanos, con el objetivo de destrabar las causas paralizadas y garantizar justicia en los crímenes del terrorismo de Estado.