La reciente intervención de la docente y exlegisladora provincial, Laura Vilches, dialogó con MEDIOS RIOJA, y puso en el centro del debate público el accionar del Poder Judicial de Córdoba tras el caso de Agostina. En un duro descargo, Vilches denunció un «entramado de inacciones judiciales» que, según sostiene, facilitó la agresión al permitir que el acusado, identificado como Barrelier, permaneciera en libertad a pesar de contar con antecedentes.
La exlegisladora no escatimó críticas hacia el Ministerio Público Fiscal, apuntando directamente a la responsabilidad del fiscal Rodríguez. «El fiscal Rodríguez dejó en libertad, hace un año a Barrelier, y eso permitió que avance contra Agostina», afirmó Vilches, subrayando que este tipo de decisiones reflejan una cultura institucional deficiente.
Para la referente, el problema trasciende el caso particular y se asienta en una estructura con sesgos profundos. «Les parece una cuestión superflua cuidar los derechos de las mujeres. Hay mucha misoginia arraigada en el poder judicial de Córdoba», aseguró, añadiendo que la institución mantiene una postura «brutal» al momento de rechazar o desestimar denuncias sobre abuso infantil.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia apunta a la protección política que, según la docente, gozaría el imputado. «Barrelier tiene estrechos vínculos con el poder político cordobés», sentenció, sugiriendo que dicha relación explicaría la demora y la falta de celeridad en la causa.
Finalmente, el relato de Vilches destaca el rol determinante de la comunidad frente a la ausencia del Estado. Mientras las autoridades provinciales y judiciales fueron señaladas por una falta de acompañamiento a la familia, que recién se materializó el pasado viernes ante la insistencia pública, la docente enfatizó que «los que realmente buscaron a Agostina fueron los docentes de su escuela y los vecinos del barrio». Según su análisis, el accionar judicial fue una respuesta tardía, motivada únicamente por «la presión social» y no por una convicción institucional de protección a la víctima.