Una investigación periodística atribuyó el cálculo a registros de la Tesorería chaqueña. Los pagos contrastan con el ajuste salarial y la crisis de los servicios públicos.
El gobierno de Leandro Zdero quedó bajo presión por una denuncia que ubicó en más de $36.000 millones el gasto acumulado en publicidad oficial entre 2024 y el primer semestre de 2026, mientras la Provincia mantiene conflictos salariales y reclamos por recortes en áreas esenciales.
El periodista Tomás Méndez presentó la cifra durante el programa TLN Denuncia y exhibió una planilla denominada “Provincia del Chaco – Pagos Publicidad 2024-2026”, actualizada al 30 de junio y elaborada, según explicó, a partir de registros de la Tesorería General.
El monto difundido fue de aproximadamente $36.188 millones. La documentación mostrada en televisión discriminó pagos por año y por proveedor e incluyó a medios, productoras audiovisuales, agencias de publicidad, empresas de marketing digital y consultoras de comunicación.
La cifra global constituye una denuncia periodística y no fue acompañada durante la emisión por todos los comprobantes necesarios para auditar cada pago de manera independiente. Sin embargo, no aparece aislada: registros oficiales ya utilizados en informes anteriores permiten confirmar que la pauta chaqueña movió miles de millones de pesos durante 2026.
Un relevamiento basado en datos de la Tesorería calculó $3.880.154.609,16 solamente durante enero y febrero. Otro análisis elevó el total de los primeros cuatro meses del año a $6.634.714.714,91, una suma superior al ahorro de entre $3.000 millones y $4.000 millones que el Ejecutivo había invocado para impulsar la suspensión de las elecciones primarias.
La comparación expone una contradicción central de la gestión. Zdero defendió decisiones de austeridad y el control del gasto, pero el ritmo de las erogaciones publicitarias informado para el primer cuatrimestre equivalió a más de $1.650 millones mensuales.
Entre los desembolsos del primer bimestre se registraron $3.365 millones canalizados desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos, $329,2 millones desde Lotería Chaqueña y $185,4 millones desde el Poder Legislativo. Los listados también incluyeron pagos a grupos de medios locales y agencias radicadas fuera de la provincia.
Méndez sostuvo que algunos beneficiarios superaron los $1.000 millones durante el período completo y vinculó parte del dinero con campañas digitales, posicionamiento de tendencias y operadores de redes sociales. Esos destinos específicos permanecen como acusaciones del periodista y no pueden darse por probados sin las órdenes de pago, contratos y comprobantes de cada servicio.
El dato político comprobable es el volumen de fondos públicos destinado a la comunicación oficial. Durante el mismo período, los gremios docentes denunciaron pérdida salarial, estatales protestaron por descuentos y distintas áreas provinciales reclamaron recursos. La pauta no explica por sí sola esas crisis, pero demuestra que la administración mantuvo una partida multimillonaria para difundir su propia gestión.
El área responsable del reparto es la Secretaría de Asuntos Estratégicos, conducida por Marcos Resico. Hasta la publicación de la denuncia, el Ejecutivo no había difundido una respuesta integral ni una nómina consolidada de beneficiarios que permitiera conciliar los pagos informados con el presupuesto provincial.
La ausencia de una contestación oficial no confirma las acusaciones sobre trolls o favoritismo, pero deja sin explicación pública la diferencia entre las cifras ya verificables de los primeros meses y el acumulado de más de $36.000 millones presentado al cierre de junio.
El caso golpea el argumento de austeridad de Zdero porque el cuestionamiento no se apoya en una omisión menor, sino en una decisión presupuestaria sostenida. Aun tomando únicamente los $6.634 millones registrados hasta abril, el gasto publicitario superó el costo que el Gobierno utilizó como fundamento para eliminar una instancia electoral.
La planilla completa, los contratos, las órdenes de publicidad y los criterios de distribución son los documentos que permitirán determinar cuánto recibió cada proveedor y qué servicio prestó. Mientras esos respaldos permanezcan dispersos, el dato consolidado seguirá mostrando una gestión que ajustó salarios y defendió ahorros institucionales al mismo tiempo que aceleraba miles de millones en promoción oficial.