El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quedó en el centro de una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal por la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio.
La acusación incluye los delitos de “defraudación contra la administración pública y encubrimiento” y alcanza también a su esposa, Josefina Rouillet; al canciller Pablo Quirno; y a otros funcionarios de la Cancillería.
El contrato bajo la lupa
El eje de la denuncia gira en torno a un contrato por 114 millones de pesos que el Estado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, habría adjudicado de manera directa a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por Rouillet.
Según el escrito judicial, la contratación no pasó por un proceso de licitación pública. La disposición que formalizó la adjudicación fue la DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, firmada por la Subsecretaría de Coordinación y Administración de Cancillería.
Di Tullio señaló que la maniobra habría beneficiado a la asociación presidida por la esposa del ministro y pidió que se investigue una presunta red de funcionarios y particulares involucrados en la operación.
Los nombres incluidos en la denuncia
Además de Rouillet, denunciada como presunta coautora del delito de defraudación a la administración pública, el escrito menciona a:
Pablo Quirno, acusado por presunto encubrimiento por “omisión de denuncia”.
Federico Sturzenegger, por presunto tráfico de influencias.
La senadora también solicitó que se investigue como “partícipes necesarios” a funcionarios técnicos de distintas áreas de la Cancillería y a autoridades vinculadas a políticas de transparencia y ética pública.
En el texto presentado ante la Justicia se sostiene que “no se puede descartar” que Sturzenegger haya mediado ante autoridades de Cancillería para favorecer la adjudicación directa.
El gasto en oficinas y cocheras
La denuncia se da en paralelo a otro cuestionamiento que involucra al ministro: el alquiler de cuatro pisos de oficinas en el microcentro porteño y 24 cocheras, por un monto estimado en 720 millones de pesos.
El señalamiento cobra mayor relevancia en el marco del programa oficial de “alquiler cero” impulsado desde el Gobierno y vinculado a la administración de bienes del Estado.
La respuesta desde la Casa Rosada
En medio del escándalo, fuentes oficiales aseguran que el presidente Javier Milei respalda al ministro, a quien suele referirse como “el coloso”.
Desde el entorno presidencial enumeran argumentos para defender la contratación:
Sostienen que el vínculo contractual data de 2018.
Afirman que Rouillet no es propietaria de la entidad sino empleada.
Señalan que la AACI es una de las instituciones de enseñanza de inglés más reconocidas del país.
Minimizaron el impacto económico del contrato en la estructura de la asociación.
Sin embargo, no hubo explicaciones oficiales sobre la ausencia de una licitación pública ni sobre el alquiler de las oficinas y cocheras.
La polémica y el trasfondo político
El caso tomó mayor visibilidad luego de que Sturzenegger defendiera públicamente el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que habilita a los empleadores a descontar hasta la mitad del salario a trabajadores en determinadas condiciones de licencia por enfermedad.
La denuncia presentada por Di Tullio abre un nuevo frente judicial para el ministro y pone el foco en el funcionamiento de los mecanismos de contratación del Estado, en un contexto político atravesado por la discusión sobre transparencia y manejo de fondos públicos.