Organizaciones, académicas, activistas y políticos de Estados Unidos tomaron el pañuelo verde, que nació en un Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina, como símbolo de lucha contra la decisión del máximo tribunal estadounidense de revocar la sentencia Roe vs Wade, que durante casi medio siglo garantizó el derecho en ese país.
El activismo y las estrategias que lograron apoyo social para la interrupción legal y voluntaria del embarazo en Argentina, consagrada por ley desde el 2020, son analizadas hace años por militantes de derechos humanos de Estados Unidos para replicar la experiencia ahora que la mayoría conservadora de la Corte Suprema anuló el derecho al aborto, que era legal en el país desde 1973.
Argentina «llamó la atención, no sólo en países de América Latina que tomaron sus pañuelos verdes y el anhelo de repetir esa movilización social que se inició en 2018 con el primer debate parlamentario por la ley, sino también de organizaciones, académicas, activistas y políticos de Estados Unidos», dice a Télam la abogada Agustina Ramón Michel, investigadora del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (Cedes) y profesora de la Universidad de Palermo.
La profesional pone en contexto las diferencias institucionales que hay entre Estados Unidos y Argentina para acceder al derecho.
En 1973 la Corte Suprema estadounidense, en el fallo Roe vs. Wade, se pronunció a favor del derecho al aborto «bajo el derecho a la privacidad», explica la abogada.
Se inició así un proceso en que en cada Estado de ese país se comienzan a dictar regulaciones sobre la práctica.
«Cada Estado decidía bajo qué condiciones, si hacía falta tiempo de espera obligatorio, ecografías obligatorias, cómo accedían las adolescentes, entre otros criterios, y esto llevó, por ejemplo, a poner plazos acotados, en algunos casos, de sólo 6 semanas. Y llevaba así a nuevos litigios», resume la investigadora.
Uno de eso litigios llegó desde Misisipi. Fue la fiscal general republicana de este Estado, Lynn Fitch, quien llevó ante la Corte el caso Thomas Dobbs (director de Salud estatal) contra la clínica Jackson Women’s Health Organization.
El centro médico -único que garantiza la práctica en ese Estado- presentó una demanda contra Misisipi en 2020 después de que la Legislatura restringiera el acceso al aborto a 15 semanas de gestación sin incluir excepciones por violación o incesto.
«En este contexto, donde ya se tenían noticias de que el fallo de la Corte no iba a favorecer el derecho al aborto, muchos actores claves estuvieron mirando con atención el proceso argentino», señala Ramón Michel.
Y aclara que «cada país hace uso de la vía institucional que se encuentra mas abierta a este tema. Por muchos años, instituciones como congresos o legislaturas se mantuvieron cerradas a este tema. En cada país, las organizaciones, los movimientos, hacen uso de las vías institucionales que tienen disponibles».
En Estados Unidos ha sido la Justicia, pero en Argentina se hizo a través del Poder Legislativo.
«Entonces, no es que las activistas, políticas, académicas involucradas en este tema en Estados Unidos miren a Argentina anhelando tener el debate en el Congreso, sino ante todo por el activismo, la movilización, por el apoyo social, lo que llamamos la despenalización social del aborto que se logró en el país», destaca la profesional.
Para Argentina «es muy importante tener una ley de interrupción del embarazo porque se aplica en todo el territorio de la Nación, y se debe a que el Congreso tiene la competencia de regular para todo el país. Eso nos diferencia Estados Unidos», agrega.
«Es un orgullo ver a las compañeras de los diferentes países y ahora también de Estados Unidos, con los pañuelos verdes en alto, fruto de las articulaciones que nos damos desde los feminismos. El pañuelo comienza a atravesar fronteras»
Yamila Picasso, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Desde Nueva York, la activista argentina Giselle Carino, que reside allí hace 20 años, dice a Télam que «hay un retroceso; es una indicación de la fragilidad de los procesos y las instituciones democráticas en Estados Unidos».
Ella lidera la organización Fos Feminista, una alianza internacional por la salud y la justicia sexual y reproductiva, que representa a 170 organizaciones de mujeres en el mundo.
«Es un intento de avance de un partido anti sistémico, anti democrático, que busca erosionar, no solo el derecho al aborto, sino otros derechos fundamentales de las personas en Estado Unidos», remarca, y considera que «tendrá consecuencias duras en el resto del mundo, porque Estados Unidos tiene influencia y esto va a reavivar fuerzas conservadoras y retrógradas».
Al respecto, Ramón Michel aporta que «no se puede negar que, si un país como Estados Unidos revocó un fallo tan histórico como Roe vs. Wade, no enrarezca y contamine. No sabemos cómo, por cuanto tiempo. Y otros países de la región van a sufrir más el impacto negativo de esta sentencia».
«Se dice que la revocación del derecho al aborto en Estados Unidos, que deja en manos de los Estados la regulación, haría que muchos criminalicen la práctica y se inicie un proceso de intensa criminalización de las mujeres. Esto ocurre en países como Honduras, El Salvador, Ecuador», resume.
A la vez que resalta que en Argentina «se construyó un proyecto con legitimidad social, que genera oportunidad de igualdad en el acceso al aborto. Si bien vemos que hay variaciones en cada una de las provincias, y también porque la ley 27.610 -de interrupción legal y voluntaria del embarazo- no es cualquier ley, surgió luego del debate mas pedagógico y democrático de la historia de la Argentina»
Recuerda que en el primer debate parlamentario en 2018 «más de 700 personas hablaron en audiencias en el Congreso, el tema fue prioridad para los medios de comunicación y se extendió a redes sociales, en conversaciones en las casas, colegios, universidades, calles, trabajos, cafés».
«El ímpetu democrático y de legitimidad que tiene esta ley es muy particular y la hace aún más fuerte ante intentos que quisieran echarla para atrás. De hecho esta ley estuvo desafiada en los tribunales. Fue litigada al menos 37 veces desde diciembre de 2020 -cuando se aprobó- y sólo se lograron resultados favorables. Esa es la fortaleza», analiza.
La movilización social comenzó el viernes en Estados Unidos. «No vamos a bajar los brazos hasta que la justicia y la igualdad sean nuestra realidad en Estados Unidos. La ola verde es imparable y lograremos que este país también se deje abrazar por su fuerza transformadora», dice Carino.
El pañuelo verde y el color en sí, identifican las manifestaciones en contra de la decisión de la Corte estadounidense. Ese símbolo que nació en un Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina, se extendió mas allá de las fronteras.
«Son el símbolo de la red feminista que supimos construir, en la región y en el mundo. Es un orgullo ver a las compañeras de los diferentes países y ahora también de Estados Unidos, con los pañuelos verdes en alto, fruto de las articulaciones que nos damos desde los feminismos. El pañuelo comienza a atravesar fronteras», valora Yamila Picasso, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
«Estados Unidos está hoy en el lugar que dejamos atrás en 2020: la sociedad de la desigualdad, la hipocresía y la criminalización»
Abogada Soledad Deza
Para la abogada Soledad Deza, que representó, entre otras, a Belén, la joven que estuvo presa en Tucumán luego de un aborto espontáneo, el fallo de la Corte de Estados Unidos se puede leer de esta manera: «La decisión de abortar es el botín mayor del status quo conservador, pero no nos engañemos, su agenda incluye el llamado a revertir los derechos a la identidad de género, a la educación sexual, a la anticoncepción, al matrimonio igualitario y en general, cualquier expresión autónoma que contraríe la moral sexual restrictiva de sus dogmas religiosos o como lo enmascaran en la sentencia ‘las tradiciones del derecho común'».
Como su colega, asegura que la ley argentina nos pone en otro lugar, «el del reconocimiento al derecho al aborto».
«Estados Unidos está hoy en el lugar que dejamos atrás en 2020: la sociedad de la desigualdad, la hipocresía y la criminalización», afirma la abogada.
