Tras una decisión judicial que desató el rechazo de abogados y referentes de derechos humanos, cuatro de las siete mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu detenidas tras el desalojo en Villa Mascardi, Río Negro, fueron trasladas a la provincia de Buenos Aires para ser alojadas en el penal de Ezeiza. La defensa presentó un planteo para que la medida se revierta, mientras que también se pidió la liberación de las tres restantes.
La orden de los traslados y de mantener las detenciones fue dictada anoche por la jueza federal de Bariloche, María Silvina Rodríguez, quien en su fallo argumentó que «en la jurisdicción no existen ningún tipo de establecimiento federal de detención de mujeres».
Los abogados de Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despol, Florencia Melo y Débora Vera presentaron un pedido de “reposición y revocatoria con apelación en subsidio” para que las mujeres que vivían en la Patagonia y que fueron detenidas en la Patagonia por una jueza de la Patagonia sean devueltas a su lugar de origen y no estén cumpliendo un alojamiento temporario en la provincia de Buenos Aires.
El gobierno nacional por un lado rechazó la medida pero a la vez se desligó del caso. La ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, calificó de “grave” el accionar de la jueza a cargo y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández aclaró que quien decide la situación procesal de los detenidos es la magistrada. En la causa “hay indicaciones y pedidos de capturas por parte de la jueza que tiene la causa; es la Justicia la que decide, no soy yo», puntualizó Fernández.
Los cuestionamientos a la magistrada también pesan por su decisión de mantener presas a otras tres mujeres, dos de ellas con sus hijos en edad de lactancia y una que se encontraba embarazada al momento de su detención durante el desmedido operativo contra la reivindicación por tierras ancestrales que las fuerzas federales realizaron el martes último en Villa Mascardi.
Estas tres integrantes de la comunidad mapuche siguen en Río Negro. Entre ellas está Romina, que está embarazada. Sus compañeras denuncian una “vulneración al derecho parir” según la cosmovisión de su comunidad. “Es injusto lo que están haciendo, es inhumano. Como mapuches tenemos nuestra propia forma de parir. Nos están vulnerando y necesitamos un acompañamiento general”, dijo una de ellas a través de un video que anoche circuló por las redes sociales.
El rechazo al traslado
Lo cierto es que el traslado de cuatro de las siete detenidas recibió un amplio rechazo y los abogados de ellas, Ezequiel Palavecino y Andrea Reile, reaccionaron de inmediato. “Trasladarlas a más de 1.600 kilómetros de su grupo familiar y lugar habitual de residencia (…) les causa un perjuicio adicional a su privación de libertad», sostuvieron en su planteo.
«Es tan equivocada la resolución impugnada que carece de perspectiva de género”, denunciaron y advirtieron a la jueza que «deben agotarse las posibilidades de alojarlas en algún lugar provincial o municipal adecuado o resolver su situación procesal”.
“Incluso el hospital local, con la debida custodia, sería un lugar más adecuado y cercano con sus familias, sus tradiciones y sus abogados defensores», indicaron, puesto que «el nuevo protocolo del Servicio Penitenciario Federal indica que no se podrá ordenar el traslado de personas privadas de libertad embarazadas o aquellas a las que se haya autorizado a permanecer junto a sus hijas o hijos en el establecimiento penitenciario».
“Una mortificación adicional”
El Centro Legal de Estudios Sociales y Legales (CELS) puso también el grito en el cielo por los traslados. Ese tipo de “traslado no está previsto en ningún código, está fuera de toda regla y es una mortificación adicional”, cuestionó su director del área de Litigio, Diego Morales.
“El hecho y la jueza son de la Patagonia. No entendemos el destrato hacia estas cuatro mujeres”, agregó y sostuvo que la medida judicial “se basó en una cuestión de género y de identidad cultural” y esto es lo que fue planteado por el organismo, añadió durante una entrevista por FM La Patriada.
Además puso de relieve otra irregularidad: “Estas mujeres no conocen sus cargos, no tuvieron declaración indagatoria, no pueden defenderse, no han tenido contacto con sus abogados. Es una medida extremadamente violenta y deja en suspenso muchísimos derechos que cualquier persona tiene en el marco de un proceso judicial”.
El repudio de las organizaciones de DDHH
Organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, HIJOS exigieron ayer la apertura de una mesa de diálogo para encontrar una salida pacífica a la situación y pidieron detener el «recrudecimiento de las políticas represivas».
Tras conocerse esta medida de la jueza Federal de Bariloche, la Liga Argentina por los Derechos Humanos denunció que la Justicia de Bariloche utilizó “la famosa y para nada prestigiosa doctrina `antiterrorista´, en abierta violación de tratados internacionales de derechos humanos y de la Constitución Nacional”.
La Carta Magna “reconoce la identidad y preexistencia de los pueblos originarios” y, no obstante, la jueza Rodríguez “pretende sacar de su tierra para aislar a las personas de su entorno y comunidad, lo que en el caso de las personas mapuche con un fuerte arraigo espiritual a sus tierras reviste una doble saña que no debemos tolerar«.
Fuente: Página 12