La empresa Omega cesó sus actividades en el nosocomio capitalino y los empleados denuncian que se quedaron sin fuente laboral y sin cobrar indemnizaciones. La dirección del hospital vinculó la medida al ajuste presupuestario nacional.
La situación laboral en el Hospital Regional Enrique Vera Barros sumó un capítulo crítico tras confirmarse la desvinculación de 47 trabajadores de la empresa de seguridad privada Omega. Los empleados afectados atraviesan un panorama de total incertidumbre, ya que, según informaron, se encuentran actualmente sin su fuente de trabajo y no han percibido las indemnizaciones correspondientes tras años de servicio en el lugar.
El conflicto se ve agravado por una maniobra contractual previa que dejó a los operarios en una posición de vulnerabilidad extrema. Muchos de los damnificados habían renunciado a sus 10 años de antigüedad con la promesa de ser absorbidos por la nueva firma prestadora del servicio, un traspaso que finalmente no garantizó la continuidad ni el reconocimiento de sus derechos adquiridos.
Por su parte, el director del nosocomio, Gabriel Goitea, se pronunció sobre el conflicto y apuntó directamente hacia las políticas económicas del Gobierno Nacional. Al respecto, el directivo manifestó: «Vienen ajustando mucho de Nación y se termina sintiendo aquí», vinculando la decisión de prescindir del servicio a la falta de fondos suficientes para sostener la estructura actual.
Finalmente, Goitea remarcó que la situación responde a una imposibilidad financiera de la institución para mantener contratos tercerizados de este tipo. «Por razones presupuestarias no podemos afrontar mantener una empresa de seguridad privada», aclaró el funcionario, dejando en claro que el recorte de recursos estatales impactó de lleno en la seguridad del principal centro de salud de la provincia.
