La legisladora provincial por la UCR presentó una iniciativa que busca garantizar un entorno de aprendizaje libre de distracciones y fortalecer los vínculos saludables dentro del aula. El proyecto establece que el Ministerio de Educación sea la autoridad de aplicación para asegurar la igualdad entre instituciones públicas y privadas.
La diputada provincial Gabriela Rodríguez (UCR) presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo central regular el uso de dispositivos móviles en el nivel primario de toda la provincia. La iniciativa surge ante la preocupación por el impacto del uso desmedido de la tecnología en edades tempranas y busca mejorar la convivencia escolar.
Según explicó la legisladora, la normativa no pretende ser un ataque al avance tecnológico, sino una herramienta pedagógica. “El teléfono es una herramienta fundamental, pero como cada cosa necesita un tiempo y una edad”, señaló Rodríguez, destacando que existen investigaciones científicas que advierten sobre las consecuencias negativas del uso excesivo en niños.
Uno de los puntos clave del proyecto es la búsqueda de equidad en el sistema educativo riojano. Al respecto, la diputada afirmó: “Seguramente por la palabra prohibir hace ruido, pero creo que debe ser por ley para que no haya desigualdad en el uso. No habrá diferencias en escuelas públicas o privadas”.
La autoridad de aplicación de esta norma sería el Ministerio de Educación, encargado de reglamentar el acceso a redes y el control parental. No obstante, el proyecto contempla situaciones particulares. “Hay excepciones dentro del proyecto por motivos de salud, y deben pensar que la institución es una institución, en principio, segura”, aclaró la representante de Chilecito.
Además de esta iniciativa educativa, Rodríguez repasó su agenda legislativa, la cual incluye pedidos de informes sobre el funcionamiento de APOS y la actualización de un compendio normativo sobre discapacidad. “Tiene que haber un conjunto de normas, que adonde vaya esta persona sepa cuáles son los beneficios”, enfatizó sobre la necesidad de simplificar la legislación vigente.
Finalmente, la legisladora se refirió a problemáticas críticas de su departamento, como el vertido de aguas cloacales que afecta a Malligasta y Anguinán. En el plano político, reconoció que el radicalismo atraviesa una crisis de representación, pero ratificó su compromiso de trabajar firmemente por los intereses de los vecinos de Chilecito.