Entre las medidas incluye que no podrán ser candidatos a cargos electivos los dirigentes que reivindiquen el terrorismo de Estado, y además establece sanciones de hasta 10 años para ocupar funciones públicas.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados buscará avanzar este martes en un proyecto de consenso entre el oficialismo y la oposición que establezca penas ante las posiciones negacionistas del terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad.
Uno de los proyectos que analizará ese organismo parlamentario propone, entre otras medidas, que no podrán ser candidatos a cargos electivos los dirigentes que reivindiquen el terrorismo de Estado, establece además sanciones de hasta 10 años para ocupar funciones públicas, y otro la creación de un Observatorio de la Convivencia Democrática.
Para avanzar en el debate, la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky convocó para mañana a las 10 a los representantes de los organismos de derechos humanos para que expongan sobre el proyecto que presentaron el viernes pasado, titulado «Formación obligatoria en derechos humanos y sanción del negacionismo».
El proyecto propone, entre otras medidas, que no podrán ser candidatos a cargos electivos y sanciones de hasta 10 años para ocupar funciones públicas.
La intención del oficialismo es acordar un texto unificado en base al proyecto presentado en las últimos días por los organismos de derechos humanos, avalado desde el Gobierno, y un conjunto de iniciativas impulsadas por diputados del FDT que buscan evitar que puedan ser candidatos los dirigentes políticos que reivindiquen la dictadura cívico militar.
Los legisladores autores de los proyectos para sancionar el negacionismo fueron los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta Blanca Osuna, Carolina Moisés, Hugo Yasky y Carolina Gaillard, mientras que la legisladora massista Mónica Litza presentó una iniciativa para crear un Observatorio para la Convivencia Democrática.
Para reformar una ley electoral se requiere una mayoría absoluta de votos en la Cámara de Diputados (129 legisladores) y del Senado (37 senadores), con lo cual se necesitan amplios consensos para poder sancionar un proyecto como el que se propone.
Yasky dijo a Télam que el objetivo de las reuniones informativas «es avanzar en un consenso entre los bloques parlamentarios para tener un texto unificado», que estará basado en crear «un Observatorio para la Convivencia Democrático» para la «formación en materia de derechos humanos» y las «sanciones que tendrán los funcionarios públicos que tengan conductas y posturas negacionistas».
«Nosotros queremos tener un proyecto que cuente con el mayor consenso posible», destacó el legislador oficialista.
A la reunión de este martes fueron invitados para exponer la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la titular de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida; y Charly Pisoni, integrante de la agrupación HIJOS.
También fueron invitados Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos; Luis María Alman Bornes, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; y Mabel Careaga, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
Se trata de la segunda reunión después de que el miércoles pasado expusieron los abogados Pablo Llonto y Valeria Thus, y el sociólogo Daniel Feierstein, quienes plantearon que la solución no es aumentar las penas previstas en el Código Penal, expresaron algunos reparos vinculados a la libertad de prensa y se mostraron partidarios de insistir con la concientización del negacionismo en la sociedad.
El debate resurgió a partir de los cuestionamientos de La Libertad Avanza (LLA) al número de desparecidos en la última dictadura cívico militar y las críticas a la política de derechos humanos de los últimos 40 años.