El oficialismo comenzará el próximo miércoles con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema por las causales de los fallos del 2×1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
El oficialismo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará el próximo miércoles con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema por las causales de los fallos del 2×1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, tras considerar que la etapa de investigación por mal desempeño contra los magistrados ya está concluida.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos-FdT), convocó para el miércoles a las 15 a los diputados y diputadas que integran ese cuerpo parlamentario para poner a disposición de los legisladores ese informe con las principales causales del juicio político a los miembros de la Corte Suprema.
Asimismo, según se conoció en las últimas horas, la comisión convocó a esta reunión a nuevos invitados para continuar con la hipótesis «abuso de poder» centrado en Carlos Rosenkrantz, con la presencia de testigos solicitados por la Coalición Cívica, que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.
Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y Gustavo Francisco Tita y Adrián Walter Miretti.
Tras aprobar el informe en la comisión -donde el oficialismo tiene mayoría- se dará traslado a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo, si así lo decidieran.
La necesidad de avanzar en la elaboración del informe fue planteada la semana pasada por el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, tras lo cual el FdT lo puso a votación en la última reunión, donde logró imponer su mayoría para avanzar en la elaboración de esos cargos por las causales que el cuerpo parlamentario investiga desde el pasado 26 de enero.
En esa reunión, Gaillard sostuvo que la intención de la comisión es «ir concluyendo cada una de las investigaciones y si ya están todas las constancias probatorias darles la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, de que puedan presentar el oportuno descargo».
La propuesta de Tailhade fue planteada tras haber agotado la etapa sumarial de acumulación de pruebas por los cuales se investiga el accionar de los supremos en los casos del fallo 2×1 que benefició a un represor de la dictadura militar, el que ordenó restituir fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y el que volvió a reformar el Consejo de la Magistratura.
También está la acusación por manejo supuestamente irregular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Sobre el tema de connivencia entre la CSJN y el Gobierno porteño, el oficialismo dice que esa situación se comprueba con los chats filtrados entre el Director General de la vocalía de Rosatti, Silvio Robles y el exministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D’Alessandro, realizados el 9 de noviembre de 2022 y el fallo que al mes siguiente, el 21 de diciembre, dictamina la medida cautelar a favor de la Ciudad.
De esta manera, en la próxima reunión los diputados expondrán los cargos contra los magistrados y se les correrá traslado para que puedan hacer su descargo, aunque podrían no utilizar ese mecanismo. En el caso de Maqueda y la obra social de los judiciales, el ministro de la Corte, si bien había sido citado, no respondió ni hizo uso de la posibilidad de descargo.
Otras de las cuestiones a resolverse es el pedido de juicio político presentado años atrás por la extitular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contra el juez Ricardo Lorenzetti por abuso de poder, ya que el bloque de la CC pidió una prórroga de tiempo para ampliar las causales y la lista de testigos.
De todos modos, Carrió realizó distintas presentaciones de juicio político contra Lorenzetti durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también en la presidencia de Mauricio Macri, sin embargo, ninguna de esas iniciativas prosperaron en el Congreso.
Hasta el momento y en las más de 23 reuniones que se desarrollaron, la Comisión analizó la mayoría de los expedientes sobre los pedidos de juicio político contra la Corte, con lo cual quedaría en condiciones de pasar a la firma del dictamen de acusación, que luego deberá ser aprobado en el recinto con dos tercios de los presentes.
En la reunión de la semana pasada, el oficialismo buscó probar que el juez Rosenkrantz cometió abuso de poder al no haberse excusado de intervenir en causas en las que estaban involucrados ex clientes de su estudio de abogados, antes de ser miembro del máximo tribunal.
En ese sentido, se analizó su rol en 69 sentencias de ex clientes y se cuestionó que el juez haya reclamado la regulación de honorarios a la Corte, cuando ya integraba el máximo tribunal, por $18.000 millones en un juicio en el que representó a la provincia de Santa Fe, por un reclamo de coparticipación contra el Estado nacional.
Respecto al accionar de los magistrados en el Consejo de la Magistratura, los diputados consideran que «se arrogaron, con arbitrariedad manifiesta, la administración del Poder Judicial y la selección y control disciplinario de jueces y juezas de instancias inferiores».
Destacan «la asunción de manera irregular de la presidencia de la CSJN por parte de Rosatti» y la «manipulación de la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas (Atribución de facultades legislativas)».
Ahora, se deberán poner a disposición de los integrantes de la comisión todas la causales por las que se acusa a los integrantes del máximo tribunal y ponerla a consideración de sus pares para trasladarla a los magistrados, quiénes podrán hacer su descargo pertinente.
El proceso se inició el 26 de enero pasado a partir de una decisión del oficialismo que luego se plasmó puntualmente en un pedido impulsado por el propio presidente Alberto Fernández junto a un grupo de funcionarios, gobernadores y legisladores del FDT, al considerar que existen «sobrados elementos como para avanzar» en ese proceso.
En el pedido de juicio político, el Presidente y los gobernadores advirtieron sobre el riesgo de que haya un «gobierno de los jueces» y acusaron a los integrantes de la Corte de «invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes» del Estado, afectando «seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional».
Por todas estas causales, el oficialismo con la oposición en contra en cada una de las audiencias y los más de 50 testigos citados, avanza ahora en pulir la elaboración de ese informe que los diputados podrán analizar antes de emitir un documento definitivo, para ser puesto en consideración en el recinto. (Télam)