Abogados, médicos y psiquiatras expusieron hoy en la Cámara de Diputados sobre el proyecto del Gobierno que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, y que está contemplado en la reforma del Régimen Penal Juvenil.
Los especialistas expusieron en la sexta jornada del plenario de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia, Niñez y Juventudes y Presupuesto, que fue conducida por la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado.
El Gobierno giró el pasado 26 de julio un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.
El abogado Pedro López Martucchi dijo que el proyecto impulsado por el Gobierno cumple con las «condiciones de constitucionalidad» ya que respeta «las garantías establecidas en el artículo 18 de la Constitución y del debido proceso».
Señaló que «hay un reclamo permanente de contar con un régimen penal juvenil que se adecue a las circunstancias actuales» y dijo que si se hace un comparativo con el sistema que se aplica en la región, la edad de imputabilidad en Uruguay es de 13.
En tanto, Silvia Stulchik, socióloga magíster en Políticas Públicas, dijo que «el abordaje y la gestión de estas políticas estatales para los adolescentes en conflicto con la ley penal da cuenta de un acabado agotamiento del modelo tutelar del régimen actual de la minoría».
«Cada vez que se comete un delito o surgen iniciativas parlamentarias, la discusión que se pone por delante es la edad de disponibilidad y eso no soluciona el problema», acotó.
Destacó que «la sanción de un nuevo régimen requiere complejizar el análisis a partir de cuestiones que se presentan en el territorio y federalmente». En su discurso planteó que la ley que rige desde 1980 no cumple con «los derechos internacionales actuales en la materia, ni con las reformas internacionales, ni las que hicieron los países de la región a tiempo.
Incluso nos ha llevado a ser observado por todos los organismos internacionales de protección a la niñez y a la niñez», añadió.
En tanto, el médico neurólogo Conrado Estol evitó pronunciarse sobre la propuesta del Gobierno y expuso sobre cómo funciona el cerebro de los adultos y los adolescentes: en ese sentido señaló que la «la madurez llega a los 25 años» pero aclaró que ya a los «12, 13, 14 y 15 se puede definitivamente diferenciar el mal del bien».
A su vez, el médico psiquiatra Andy Blake planteó que toda «conducta humana, a partir de los dos años aproximadamente, depende de tres cosas: la situación en la cual está la persona; la emoción que experimenta la persona en ese momento y cómo piensa esa situación a través de la emoción». «Esto determina absolutamente todas nuestras conductas, a cualquier edad y constantemente», añadió.
Y dijo «no creer que la respuesta sea sí o no a la edad de imputabilidad, sino pensar un régimen especial para esta población especial, que tiene una gran capacidad de aprendizaje, una gran capacidad de cambiar la conducta aprendida», agregó.
El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.