Encabezados por Juan Marino, cuestionaron el envío de dos Hércules de la Fuerza Aérea al gobierno boliviano, en medio de la escalada de la violencia estatal.
Encabezados por Juan Marino, un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, en medio de la escalada de la violencia estatal contra manifestantes de ese país que le piden su renuncia.
El proyecto presentado por los diputados de UxP exige al Gobierno de Javier Milei que informe sobre la carga transportada, el personal embarcado, los acuerdos militares con Bolivia y con el «Escudo de las Américas» presidido por Donald Trump, y el estado actual de la causa judicial por el envío de armas y munición anti tumulto realizado por el gobierno de Mauricio Macri al gobierno de facto de la ex mandataria boliviana Jeanine Áñez en noviembre de 2019.
«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», afirmó Marino.
La iniciativa se hace eco de las declaraciones recientes del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien denunció públicamente que los aviones Hércules no están trasladando ayuda humanitaria sino material para «reprimir» las movilizaciones.
«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», agregó.
El líder del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof manifestó que no se puede «tolerar que el Estado argentino respalde la represión».
Según dijo, «es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense».
«Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta», planteó Marino.
El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, de Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
Por otra parte, Marino presentó un proyecto de resolución en «defensa del derecho a la protesta social, rechazando toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos del pueblo boliviano».
La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».
El proyecto plantea que «la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en Bolivia».
“Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano”, sostuvo Marino.
“La Argentina no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez», insistió.
Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos”.
NA