La iniciativa reunió 16 firmas y avanzó sin el acompañamiento del bloque de La Libertad Avanza, en una jornada marcada por el debate.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría a favor del proyecto que propone declarar la emergencia pública nacional en materia de violencia de género contra mujeres y diversidades por un plazo de dos años, con posibilidad de una prórroga por igual período.
La iniciativa reunió 16 firmas y avanzó sin el acompañamiento del bloque de La Libertad Avanza, en una jornada marcada por el debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, asistencia y protección frente a los casos de violencia machista.
El tratamiento del proyecto se dio en medio de la conmoción generada por el femicidio de Agostina en Córdoba, y tuvo como eje la situación actual de los índices de violencia de género en el país.
La comisión, presidida por la diputada Gabriela Estévez, analizó una propuesta que busca establecer medidas de emergencia para reforzar las herramientas estatales destinadas a atender a víctimas y reducir los niveles de violencia.
Durante la discusión, la diputada Nancy Sand señaló que la declaración de emergencia responde a una situación “urgente y triste”, al considerar que la violencia de género continúa siendo “una problemática y una emergencia real en el país”.
La legisladora sostuvo que los números registrados en los últimos años justifican la medida y advirtió que las leyes por sí solas no alcanzan si no están acompañadas por recursos, decisiones políticas y políticas públicas efectivas.
Según los datos expuestos durante el debate, en 2024 se registraron 147 femicidios, mientras que durante 2025 las cifras mencionadas ubicaron los casos entre 200 y 271 víctimas. Además, se indicó que la mayoría de los agresores pertenecen al círculo cercano de las víctimas.
En tanto, desde la comisión se planteó que durante 2026 ya se contabilizaron decenas de víctimas fatales y tentativas de femicidio, con una fuerte presencia de los ataques dentro de los hogares.
El diputado Esteban Paulón cuestionó las políticas del Gobierno nacional y aseguró que hubo un retroceso en programas vinculados a la prevención y asistencia de víctimas. También reclamó el cumplimiento de herramientas como la Ley Micaela y pidió que el Estado vuelva a garantizar mecanismos de protección en articulación con las provincias.
Por su parte, desde La Libertad Avanza, la diputada salteña María Gabriela Flores rechazó el proyecto y cuestionó que no haya sido consensuado previamente con su bloque.
La legisladora calificó la propuesta como “efectista y oportunista”, aunque aclaró que su espacio reconoce la existencia de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, sostuvo que el debate debe centrarse en la efectividad de las políticas aplicadas y no solamente en la declaración de una emergencia.
Con el dictamen aprobado, el proyecto quedó habilitado para continuar su tratamiento en la Cámara baja, donde buscará avanzar hacia una eventual sanción.
La diputada nacional por Unión por la Patria, Gabriela Beatriz Estévez, presentó un pedido formal para declarar la emergencia en violencia de género en todo el país. En diálogo con MEDIOS RIOJA, la legisladora fundamentó la iniciativa señalando un incremento alarmante en la violencia motivada por el odio y criticó duramente la gestión actual del Poder Ejecutivo.
Responsabilidad política y discursos de odio
Estévez atribuyó el aumento de los casos de violencia a los discursos emitidos por el presidente, asegurando que estos «generan reacciones» directas en la sociedad. Como ejemplo de la gravedad de la situación, citó el reciente triple intento de lesbicidio ocurrido en Buenos Aires, donde tres mujeres fueron atacadas con fuego por su orientación sexual.
«Estas son las responsabilidades que hay que asumir cuando emitimos un mensaje», enfatizó la diputada, quien además sostuvo que las políticas implementadas por el Gobierno nacional han dejado en una situación de vulnerabilidad extrema a las mujeres y diversidades.
Desfinanciamiento y críticas al Poder Judicial
La legisladora denunció una reducción del 90 por ciento en el presupuesto destinado a políticas de género y advirtió sobre la manipulación de información oficial: «Ocultar datos y falsear carátulas no significa que los femicidios hayan bajado».
En su diagnóstico, Estévez apuntó contra la estructura del sistema judicial argentino:
- Falta de perspectiva: Criticó el accionar de funcionarios judiciales, citando el caso de un fiscal en Córdoba que, tras el hallazgo del cuerpo de Agostina, priorizó felicitar al cuerpo de canes en lugar de enfocarse en la víctima.
- Impunidad: Cuestionó la protección de la que gozan magistrados, mencionando el caso de un juez que, aun portando tobillera electrónica, continuó ejerciendo sus funciones y administrando justicia hasta no tener sentencia firme.
- Exigencias: Reclamó la plena vigencia de las leyes conquistadas, como la Ley Micaela, y subrayó que la solución de fondo requiere una reforma integral del Poder Judicial.
Finalmente, Estévez cerró su alocución recordando la urgencia del contexto actual: «Todos los días matan a una mujer en Argentina». El pedido de emergencia busca garantizar que el Estado retome su rol de asistencia y acompañamiento, asegurando que las herramientas legales existentes sean efectivas para frenar la escalada de violencia.