Unión por la Patria y sus aliados consiguieron 121 de los 129 legisladores necesarios para abrir el debate.
La oposición no logró reunir este jueves el número necesario de legisladores para abrir una sesión especial en la Cámara de Diputados y debatir la derogación del DNU 70/23, impulsado por el Gobierno. Pese a la movilización que se desarrolló en las inmediaciones del Congreso, la convocatoria quedó sin efecto: al cumplirse la media hora reglamentaria, había 121 diputados sentados en sus bancas, ocho menos de los necesarios para alcanzar el quórum.
En la Casa Rosada celebraron el resultado y destacaron las ausencias de legisladores que podían resultar decisivos. Entre ellas, señalaron las de ocho integrantes de Provincias Unidas, incluida la titular de la bancada, Gisela Scaglia, y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, alineados con el gobernador Carlos Sadir. También faltaron los tres diputados tucumanos de Independencia y el misionero Alberto “Colo” Vancsik, de Argentina Federal.
José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, y Loma Ávila, de Provincias Unidas, ingresaron al recinto cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ya había dado por caída la sesión.
Los 121 presentes pertenecían a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, un sector de Provincias Unidas, legisladores de Argentina Federal, Elijo Catamarca y la Coalición Cívica. La agenda prevista no se limitaba al DNU: también contemplaba el tratamiento de un proyecto de emergencia en discapacidad y una iniciativa de alivio y regularización de deudas familiares.
La convocatoria perdió fuerza durante la última semana por una combinación de factores políticos y legislativos. Uno de ellos fue un fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia de la norma que limita la extranjerización de tierras. La decisión contrastó con una resolución anterior del máximo tribunal, que había rechazado la legitimación procesal de excombatientes de Malvinas en un planteo relacionado.
A ese escenario se sumó el cambio de estrategia del oficialismo, que incorporó la restitución de la Ley de Tierras al dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. También influyó la convocatoria a una nueva sesión para el 21 de octubre, con un temario que incluye discapacidad y endeudamiento familiar, dos asuntos que funcionaron como incentivo para los sectores dialoguistas de la oposición.
El Gobierno, que había derogado la Ley de Tierras a fines de 2023 mediante el DNU 70/23, ahora busca restablecerla a través de una iniciativa legislativa. La estrategia respondió al riesgo de que la oposición consiguiera los votos necesarios para rechazar el decreto en su totalidad.
Una eventual derogación completa habría revertido, además de la eliminación de la Ley de Tierras, otras medidas incluidas en el DNU, como la derogación de las leyes de Alquileres, Góndolas y Abastecimiento. También habría puesto en cuestión la política de cielos abiertos, la eliminación de controles a la industria de las telecomunicaciones satelitales y la liberación de precios para las empresas de medicina prepaga.
Por ese motivo, el Gobierno valoró el fallo de la Corte y avanzó con un dictamen que busca dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 a través del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa llevaba más de dos meses sin avances en Diputados, pese a que había obtenido media sanción en el Senado.
Fuente: NA.