El coordinador del Foro Argentino de Discapacidad, Pablo Molero, dialogó con MEDIOS RIOJA, y expresó su profunda preocupación tras los recientes cambios en la política de subsidios para pasajes de larga distancia, advirtiendo que la medida desprotege gravemente a las personas con discapacidad y las deja vulnerables a la negativa de las empresas de transporte.
Molero recordó que el derecho a la gratuidad en los pasajes de larga distancia para este sector está firmemente establecido por ley, aunque históricamente su cumplimiento ha enfrentado resistencia y «negaciones» por parte de las cámaras empresariales. Ante el nuevo escenario, cuestionó duramente la retirada del financiamiento estatal.
«Ahora, con el corrimiento del Estado y diciéndole a las empresas que se hagan cargo, es dejar solas a las personas. Las empresas se van a comenzar a negar y la gente va a tener que ir a hacer denuncias», alertó el coordinador, señalando que si la gestión del beneficio ya era compleja cuando existían mecanismos de reintegro para el sector empresarial, la situación actual profundizará el conflicto en las terminales.
A pesar de que el marco legal que garantiza la gratuidad sigue vigente, Molero anticipó que la quita del fondo de subsidios se traducirá de forma inmediata en trabas burocráticas y barreras materiales en los puntos de venta. «Con la resolución podemos ir a ventanilla, pero nos pueden decir que no hay pasajes. La práctica es otra: la persona que vende el pasaje va a decir ‘no te lo puedo dar’ y se acabó. Es dejar a la gente sola, con un mero papel», graficó.
Asimismo, el referente del Foro planteó una fuerte crítica distributiva respecto a las prioridades de asistencia económica del Gobierno nacional, contrastando la desregulación del transporte con el auxilio financiero otorgado a otros sectores corporativos. «Siempre es contra la misma población, porque a las empresas de gas les dieron dinero. Siempre es lo mismo: para cierta gente hay beneficios y reconocimientos», concluyó, anticipando un incremento en las denuncias por incumplimiento en los derechos de accesibilidad y transporte.