Ecuador dio luz verde a la eutanasia, con lo que se convirtió en el segundo país latinoamericano en despenalizar el procedimiento después Colombia, a raíz del caso de una paciente con una enfermedad incurable y mortal.
Con siete votos a favor de sus nueve magistrados, la Corte Constitucional abrió la puerta para que los médicos puedan ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel, tras el caso de Paola Roldán, de 43 años, que sufre desde hace tres esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa y dolorosa.
La mujer interpuso en agosto una demanda contra el artículo 144 del Código Penal ecuatoriano, que considera el procedimiento como un «homicidio» y prevé una pena de prisión de entre 10 y 13 años, consignó la agencia AFP.
La sentencia le dio la razón sobre la «inconstitucionalidad» del apartado, aunque el Ministerio de Salud todavía debe presentar un proyecto de ley al Congreso para reglamentar la eutanasia.
La sanción por homicidio «no podrá aplicarse al médico que realiza un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad del paciente», señaló el máximo tribunal constitucional en un comunicado.
Farith Simon, uno de los abogados de Roldán, indicó a través de la red social X que la sentencia es de cumplimiento «inmediato».
«Varias veces pensé que no lograría ver los frutos de esta demanda, como quien planta un árbol para que alguien más se siente bajo su sombra», dijo Roldán también por X, tras conocerse que su solicitud estaba en la etapa final del análisis.
La Corte de Ecuador, un país de mayoría católica, evaluó los alegatos de Roldán y explicó que «sería irrazonable imponer a quien atraviesa esta situación una obligación de mantenerse con vida».
«Cada ser humano puede tomar decisiones libres e informadas cuando se afecta su desarrollo personal, lo que a criterio de esta Magistratura incluye la opción de poner fin al sufrimiento intenso causado por una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable», añadió.
Por solicitud del tribunal, el Ministerio de Salud ecuatoriano debe elaborar en un plazo de dos meses un reglamento para los procesos de eutanasia activa, y la Defensoría del Pueblo de dicho país redactar en seis meses un proyecto de ley que deberá ser aprobado por el Congreso en máximo un año.
El organismo constitucional empezó en noviembre a debatir el pedido de «legalizar la eutanasia como un medio para que personas con enfermedades y lesiones graves e incurables ejerzan su derecho a una muerte digna», según la defensa de Roldán.
«La lucha por los derechos humanos nunca es un camino asfaltado, agradezco a todos porque hoy el Ecuador es un país un poco más acogedor, más libre y más digno», dijo en una rueda de prensa virtual Paola Roldán, impulsora de la medida.
Con su cámara apagada y hablar pausado, Roldán dijo haber recibido «muy conmovida y con alivio» el fallo de la Corte Constitucional, que abrió la puerta para que los médicos puedan ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel.
«Fueron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda», agregó la mujer, que permanece postrada en una cama y expresó querer descansar «en paz y tranquila».
Con una sonda permanente que le suministra oxígeno, añadió: «Sé que lo único que merezco es la vida y la muerte con dignidad» y que «he rozado la muerte tantas veces».
Ramiro Ávila, otro de sus abogados, indicó ante los magistrados que «Paola abrió las puertas de su casa, de su vida y de su corazón para permitirnos precisar el alcance de un derecho necesario para cientos de personas, que hoy en día en Ecuador están padeciendo sufrimientos graves físicos y emocionales».
«Se ha convertido en la voz de esas personas que en Ecuador representan la cuarta causa de suicidios», anotó en alusión a quienes sufren enfermedades incurables.
En América Latina, solo Colombia despenalizó la eutanasia en 1997.
En tanto, los parlamentos de Uruguay y Chile discuten proyectos al respecto, mientras que en México existe la llamada ley del «buen morir», que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales.
Télam