Marcha en Plaza de Mayo para defender la Ley 27.610 a 4 años de su sanción. La lucha por el aborto legal continúa ante las amenazas del gobierno de Milei.
El lunes, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una gran manifestación en la Plaza de Mayo, para conmemorar los cuatro años de la aprobación de la Ley 27.610, que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Argentina. La manifestación, que contará con un proyectorazo y un cacerolazo, busca visibilizar la lucha por la plena implementación de esta normativa, especialmente ante los recientes avances del gobierno de Javier Milei en su agenda ultraderechista, que ha puesto en duda la continuidad de este derecho.
La sanción de la Ley 27.610, en diciembre de 2020, fue un hito histórico en los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Después de décadas de movilizaciones y luchas, el Congreso aprobó la ley que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo de manera legal y segura hasta la semana 14 de gestación, sin necesidad de justificación alguna. Además, establece el derecho a acceder a la atención postaborto y a métodos anticonceptivos, así como la prevención de embarazos no deseados a través de la educación sexual integral.
Sin embargo, a pesar de la sanción de la ley, las dificultades para su implementación efectiva no han cesado. En el primer año de gobierno de Javier Milei, su administración ha amenazado en diversas ocasiones con avanzar contra la Ley 27.610, buscando modificarla o derogarla, aunque la falta de consenso en el Congreso le ha impedido hacerlo. No obstante, el Ejecutivo ha optado por recortar los recursos destinados a la distribución de insumos esenciales como el misoprostol y mifepristona, fundamentales para garantizar abortos medicamentosos más seguros y menos dolorosos.
Impacto de la Ley: menos muertes y más acceso
Desde la implementación de la ley, los resultados han sido positivos en términos de reducción de la mortalidad materna y el acceso a abortos seguros. Según datos de Amnistía Internacional, entre 2021 y octubre de 2023, más de 250.000 personas accedieron a abortos seguros a través del sistema público de salud. Esta cifra contribuyó a una disminución del 53% en las muertes por abortos entre 2020 y 2022. Además, la gran mayoría de las interrupciones se realizaron en el primer trimestre de gestación, lo que mejora considerablemente la seguridad del procedimiento.
Desafíos persistentes en la implementación
A pesar de los avances, las barreras en el acceso a la IVE persisten, especialmente en provincias donde el acceso a los servicios es limitado o donde hay objeción de conciencia por parte del personal médico. En algunas provincias, como Tierra del Fuego, las personas gestantes deben viajar largas distancias para acceder a un aborto legal, ya que existen pocas instituciones dispuestas a ofrecer este servicio.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señala que a pesar de los esfuerzos para garantizar la implementación de la ley, la situación sigue siendo compleja en muchas regiones del país. «Aunque la ley es de aplicación obligatoria, las distintas provincias tienen la responsabilidad de implementarla, lo que genera disparidades en el acceso a los servicios», afirma.
Barreras recurrentes y nuevas luchas
A medida que avanza el gobierno de Javier Milei, las organizaciones que defienden el derecho al aborto legal siguen denunciando retrocesos. Desde el cambio de gobierno en 2023, se ha intensificado la oposición a la ley, con trabajadores de la salud y militantes de la ultraderecha que intentan obstaculizar el acceso a los procedimientos. La reciente desactivación de la línea estatal de asesoramiento sobre el aborto y el incremento de denuncias por no cumplimiento de la ley evidencian los desafíos persistentes en la implementación de este derecho.
Qué garantiza la Ley 27.610
La ley establece que las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir sobre su embarazo, acceder a la interrupción del mismo dentro de los plazos establecidos y recibir atención postaborto sin importar las circunstancias. Además, el consentimiento informado es un requisito fundamental para acceder a la práctica, exceptuando a las personas menores de 13 años, quienes no necesitan una declaración jurada para acceder al aborto en caso de violación.
Sin embargo, a pesar de los avances, la implementación desigual entre las provincias genera un panorama fragmentado. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal sigue exigiendo que el Estado garantice el acceso a este derecho en todo el país, sin discriminaciones ni barreras.