Proyecto Mirar presentó su reporte anual sobre la implementación de la Ley 27.610 y advirtió sobre el impacto del desfinanciamiento nacional. En 2025 se realizaron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público de 20 provincias, mientras 13 jurisdicciones sostuvieron la compra de insumos con recursos propios.
A más de cinco años de la sanción de la Ley 27.610, el acceso al aborto en Argentina se mantiene en niveles similares a los registrados en años anteriores, aunque con diferencias entre jurisdicciones y en un contexto de fuerte reducción del financiamiento nacional. Así lo señala el nuevo informe de Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto con Ibis Reproductive Health, a partir de pedidos de acceso a la información pública. Según el relevamiento, durante 2025 se realizaron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE-ILE) en el sistema público de 20 provincias, una cifra que no mostró cambios significativos respecto de la medición anterior. La tasa de abortos fue de 7,45 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, frente a 7,49 en 2023.
El informe destaca que 1.846 establecimientos públicos garantizan actualmente el acceso a IVE-ILE, una cifra similar a la registrada en 2023, cuando eran 1.862. El 70% de esos efectores corresponde al primer nivel de atención, un factor que, de acuerdo con las investigadoras, favorece el acceso temprano: 11 jurisdicciones reportaron que al menos el 90% de los abortos se realizaron dentro de las 12 semanas de gestación. Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires concentraron el 72% de las interrupciones informadas, con 41.446, 9.341 y 9.458 procedimientos, respectivamente. “Que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público, en 20 provincias argentinas, similar a lo observado el año anterior es un buen indicador”, señaló Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES y CONICET. La especialista remarcó además que, ante la discontinuidad de la compra nacional de mifepristona y misoprostol, “el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio”.
El contraste aparece con la evolución del financiamiento nacional. De acuerdo con Proyecto Mirar, entre 2023 y 2026 el presupuesto del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación cayó un 57%, mientras que la población cubierta por la compra de anticonceptivos pasó de más de 1,2 millones de personas en 2024 a unas 63.000 en 2026, una reducción del 93%. Las 13 provincias que realizaron compras de insumos para garantizar el aborto seguro con recursos propios fueron Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. El reporte también señala que nueve provincias informaron sobre los procedimientos utilizados y que el aborto con medicamentos es la modalidad predominante. En paralelo, el 0800 Salud Sexual de la Nación registró que las consultas vinculadas con IVE-ILE representaron el 94% de sus llamadas, muchas de ellas relacionadas con barreras de acceso.
En el plano jurídico, el relevamiento registra estabilidad de la Ley 27.610 durante 2025 y parte de 2026: se presentaron 75 proyectos vinculados con la temática y ninguno de los que buscaban limitar la aplicación de la norma en Buenos Aires y Santa Fe obtuvo dictamen o tratamiento en el recinto. Desde la sanción de la ley se iniciaron 38 causas judiciales en su contra, de las cuales 35 fueron rechazadas y tres continúan en trámite ante la Corte Suprema.
El informe también analiza la mortalidad materna y la evolución demográfica: la razón de mortalidad materna aumentó 37% en 2024 respecto de 2023, aunque las muertes maternas por aborto se redujeron a la mitad después de la sanción de la Ley 27.610 en comparación con el trienio previo.
En cuanto a la fecundidad, cayó 69% entre las niñas de 10 a 14 años y 70% entre adolescentes de 15 a 19 durante la última década.
“A pesar de las enormes dificultades para la agenda de género y derechos sexuales y reproductivos en el actual contexto en nuestro país, particularmente la decisión del Gobierno nacional de desentenderse de esta política pública, la misma ha encontrado respaldo en muchas provincias”, afirmó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES, quien sostuvo que los datos muestran que “el reto de sostener la política pública es muy alto pero muestra resultados positivos”.