Ante la reciente noticia sobre la obtención del título universitario de una persona condenada por abuso sexual, Sonia Galleguillo, presidenta del Colegio de Psicopedagogos de La Rioja, dialogó con MEDIOS RIOJA y brindó declaraciones contundentes para llevar tranquilidad a la comunidad, y aclarar la postura de la institución.
Garantías éticas y legales
Galleguillo fue enfática al señalar que el sujeto en cuestión no podrá matricularse en el Colegio de Psicopedagogos de La Rioja ni en ninguna otra institución profesional del país. Esta imposibilidad se fundamenta en la nueva ley sancionada el año pasado por el propio colegio, la cual establece un marco regulatorio superior a los anteriores.
- Requisito indispensable: El artículo 43 de la normativa exige la presentación del certificado de antecedentes penales o de reincidencia para acceder a la matrícula.
- Seguridad: Galleguillo explicó que esta medida surgió como una respuesta necesaria ante la creciente preocupación social por casos de abusos y agresiones, con el objetivo primordial de proteger las infancias.
Preocupación por el manejo de la información
Más allá del ámbito legal, la presidenta del Colegio expresó su profundo malestar por la forma en que se comunicó la noticia:
«Me preocupa y la verdad que alarma. No nos apartamos de que las personas en situación de privación de la libertad tienen derecho a la educación, pero lo que generó el repudio es la forma en que se trató la información por el impacto que genera en las familias y en quienes trabajamos todos los días abogando por los derechos de los niños».
Galleguillo aclaró que, aunque se enteró del hecho a través de los medios, considera que hubo un «mal manejo de la información» por parte de la casa de altos estudios. En el plano personal, la profesional fue tajante al afirmar: «Desde lo personal, no hubiera avalado que se le permita rendir».
Próximos pasos de la institución
El Colegio, que cuenta actualmente con 206 profesionales matriculados que se conocen entre sí, continúa trabajando en la salvaguarda de la ética profesional. Entre las próximas acciones, la institución priorizará el debate y la regulación sobre la habilitación de consultorios particulares, buscando reforzar los controles que garantizan la seguridad de los pacientes que asisten a terapia.