Tras una sesión marcada por la tensión inicial, el cuerpo deliberativo unificó el proyecto impulsado por la oposición para establecer exámenes toxicológicos periódicos en la función pública departamental.
En el marco de la primera sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante de Chilecito aprobó este jueves una ordenanza clave que exige la realización de exámenes de narcotest para los funcionarios públicos del departamento. La medida busca garantizar la transparencia y el control sobre el consumo de sustancias prohibidas en los distintos niveles de la administración local, estableciendo que dichas pruebas deberán realizarse de manera periódica y obligatoria.
La iniciativa, que originalmente fue presentada por el concejal Nicolás Brizuela del bloque de la Unión Cívica Radical, generó un fuerte debate y momentos de rispidez al inicio del encuentro legislativo. No obstante, y con el fin de otorgarle un mayor peso institucional, el proyecto terminó siendo aprobado bajo la figura de «presentación conjunta» de todos los bloques, luego de que el oficialismo y otras fuerzas solicitaran adherir a la propuesta general.
De esta manera, Chilecito avanza en una normativa de control que ya ha tenido antecedentes en otros puntos de la provincia, pero que en la «Perla del Oeste» adquiere un respaldo político unánime. «La ordenanza avanza con un respaldo institucional más amplio», destacaron desde el recinto, marcando un hito en la regulación de los mecanismos de idoneidad y conducta para quienes ocupan cargos de decisión pública en el ámbito municipal.
