Los gremios desplegarán distintos cronogramas de medidas durante las próximas semanas. Reclaman una recomposición salarial, la actualización de las becas y el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto en las universidades públicas ingresará desde el martes 18 de agosto en una nueva etapa, con paros, carpas y actividades de protesta que se extenderán hasta comienzos de septiembre. Las convocatorias confluyen en un mismo reclamo: que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y la medida cautelar que ordenó actualizar salarios y becas.
Las nuevas acciones llegarán pocos días después del paro nacional de 24 horas realizado el miércoles 12, que tuvo un amplio impacto en las casas de estudios de todo el país y fue acompañado por una concentración de docentes, trabajadores no docentes e integrantes del sistema científico en el Obelisco.
Un cronograma con medidas superpuestas
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) convocó a una semana de paro desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto. El sindicato también planteó avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado si no obtiene respuestas y reclamó la realización de una nueva marcha nacional en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología.
En el plano nacional, el último cronograma difundido por la CONADU Histórica contempla paros rotativos de 48 horas para el jueves 21 y viernes 22 de agosto, el martes 26 y miércoles 27, y el lunes 1° y martes 2 de septiembre. La federación sostiene que la pérdida del poder adquisitivo de los docentes universitarios y preuniversitarios alcanza el 38,7%.
La CONADU, por su parte, resolvió instalar las “Carpas por la Universidad y la Soberanía” entre el 18 y el 21 de agosto, frente al Palacio Pizzurno y en diferentes puntos del país. Además, convocó a un paro nacional de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28.
Los trabajadores no docentes también mantienen abierto su plan de acción. Las medidas previstas incluyen abrazos simbólicos a las universidades y una eventual huelga de 48 horas para fines de mes si no se producen avances en la negociación.
El alcance concreto de cada jornada dependerá de la adhesión de los sindicatos y trabajadores de cada universidad, ya que no existe una única convocatoria que reúna a todas las organizaciones durante los mismos días.
El reclamo por salarios, becas y funcionamiento
El eje del conflicto es la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso en 2025.
La norma establece que los salarios docentes y no docentes deben actualizarse tomando como referencia la inflación, dispone negociaciones paritarias con una periodicidad máxima de tres meses y ordena recomponer los programas de becas estudiantiles.
En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la ley, referidos precisamente a la actualización salarial y las becas. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que todavía resta garantizar el cumplimiento efectivo de esa resolución y avanzar con la aplicación integral de la legislación.
AGD-UBA calculó que, después de conocerse la inflación de julio, la recomposición salarial pendiente asciende al 31,2%, sin contar el retroactivo acumulado desde la entrada en vigencia de la ley. El sindicato rechazó el incremento del 21,3% aplicado sobre los salarios básicos de mayo y el aguinaldo porque considera que no cubre la deuda reclamada.
Los gremios también cuestionan la falta de transferencias correspondientes a gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, programas científicos y becas estudiantiles.
Una caída del financiamiento desde 2023
El conflicto salarial se desarrolla sobre un escenario de retracción presupuestaria. Un informe del Grupo Economía, Política y Ciencia proyecta que el financiamiento de las universidades nacionales cerrará 2026 con una caída real del 24,4% frente a 2023.
El presupuesto universitario, además, habría pasado de representar el 0,712% del Producto Bruto Interno en 2023 al 0,512% en 2026. El estudio también estima que el ajuste acumulado durante esos tres años superará los $5,4 billones medidos en valores constantes.
El Gobierno convocó a una nueva reunión paritaria para el 1° de septiembre y sostiene que las transferencias comprometidas se encuentran al día. Los sindicatos consideran que esa convocatoria resulta insuficiente frente al atraso salarial y advierten que las medidas podrían profundizarse si no se cumple la ley y la resolución judicial.