El oficialismo legislativo planea cerrar la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo que hasta el mes pasado presidia Miriam Lewin.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó el plan de cerrar la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. «En primer lugar, el Congreso de la Nación nombrará conjuntamente un director interino para realizar una auditoría interna con el fin de saber en qué se gastaban los fondos y para qué funcionaba. En segunda instancia, este diputado de la Nación acompañará un proyecto para la disolución definitiva de esta defensoría», publicó en redes.
El diputado libertario Bertie Benegas Lynch, lo respaldó: «Yo apoyaré el proyecto para terminar con esa creación soviética de persecución política y policía del pensamiento».
Ya hay un proyecto presentado en diciembre por la diputada del PRO, Silvana Giudici, para cerrarlo.
La Defensoría está ligada al Congreso porque la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual es la encargada de elegir al auditor, que tiene mandato por cuatro años.
Pero el 20 de junio venció el mandato de Lewin y la Bicameral que le debe buscar un reemplazante aún no está constituida.
«La Defensoría es un organismo que tiene convenios con Unicef, con la UNESCO y trabaja en consonancia con lo que se hace en todo el mundo con la agenda de difusión de alfabetización, de género, de derechos. Hay gente a la que le molesta esto. Han desarticulado el INADI y ahora quieren esto. Nos preocupa mucho porque preocupa la situación de la libertad de expresión y las agresiones por parte de funcionarios», aseguró Miriam Lewin.
En el marco del «plan motosierra», ponen los focos en la cuestión presupuestaria. Lo cierto es que los fondos para su funcionamiento los gira el Tesoro Nacional y una parte corresponde a lo que recauda el Enacom de los medios.
En la Defensoría trabajan 128 empleados y los sueldos sí están atados a la paritaria de los empleados legislativos. Por eso, como Javier Milei prorrogó el presupuesto del año pasado, el organismo recibió una actualización de ese monto por inflación -al igual que las demás defensorías- para que puedan afrontar el pago de sueldos.
Desde el organismo aseguran que no tienen información sobre qué pasara y que siguen funcionando con los directores de planta. «Pero al no tener defensor no podemos operar de la misma manera en los reclamos de audiencia que recibimos», aseguraron desde la Defensoría.