El Fondo Nacional de Emergencias, creado en 2016, tenía el objetivo de financiar acciones para la respuesta ante emergencias en el país. Sin embargo, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló que el fondo «nunca estuvo operativo» desde la firma de su contrato en noviembre de 2017.
«Nunca se le asignó un presupuesto acorde al objetivo original», indicó el informe de la SIGEN, destacando que el fondo quedó limitado a un enunciado sin ejecución práctica. Desde el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, justificaron la disolución del fondo argumentando que la inactividad lo volvió innecesario para la administración pública.
Fondo Fiduciario Progresar: sin recursos para su puesta en marcha
El segundo de los fondos eliminados es el Fondo Fiduciario Progresar, que buscaba apoyar el programa de Becas Progresar, destinado a respaldar económicamente a jóvenes estudiantes. Creado en 2022, este fondo también quedó sin operar, según el propio informe de la SIGEN y la comunicación oficial del Ministerio de Economía.
El fiduciario a cargo, Provincia Fideicomisos S.A.U., informó que «nunca se integraron los bienes necesarios para que el fondo comenzara a funcionar». A pesar de la eliminación de este fideicomiso, desde el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, aseguraron que las Becas Progresar seguirán vigentes y que la disolución del fondo no afecta el pago a los beneficiarios, ya que se mantienen con partidas presupuestarias del gobierno nacional.
Fondo Fiduciario FOBOSQUE: falta de recursos y auditorías negativas
El último fondo disuelto es el FOBOSQUE, destinado a financiar medidas de protección ambiental para los bosques nativos, en el marco del Acuerdo de París. Según el Decreto 888/2024, la decisión se tomó tras una auditoría de la SIGEN que detectó «debilidades en los registros» y un «déficit de capacidad institucional y logística» de las jurisdicciones involucradas.
Este fideicomiso se financiaba con el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y forestales, pero el Gobierno aseguró que estos recursos no se reflejaron en los presupuestos de 2021, 2022 y 2023.
“Dada la inactividad de este fondo y los problemas señalados en la auditoría, su disolución era necesaria para una mejor administración de los recursos públicos”, señalaron desde la cartera económica.
Una decisión que busca el «ordenamiento» de los recursos públicos
La disolución de estos tres fondos se enmarca en la Ley Bases, que otorga al Ministerio de Economía la facultad de proponer modificaciones, liquidaciones o disoluciones de fondos fiduciarios que no cumplan con su función. Según el gobierno, el cierre de estos fideicomisos responde a la necesidad de «ordenar la gestión gubernamental» y optimizar el uso de recursos, en un contexto de ajuste y reestructuración de la administración pública.
Si bien la medida busca mejorar la eficiencia, genera críticas desde distintos sectores que señalan la falta de políticas de largo plazo y el impacto de la eliminación de estos fondos en áreas sensibles como la educación y el medio ambiente.