El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira impidió la fiscalización de organismos de Derechos Humanos provenientes de Argentina y retuvieron sus documentos.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira impidió la fiscalización de las violaciones a derechos humanos que se llevan adelante en Bolivia y deportó a legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que integraban la Misión Humanitaria.
La comitiva que llegó este lunes a la madrugada, al aeropuerto de El Alto, está integrada por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; Vanina Biassi, legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros: les retuvieron los documentos, los obligaron a regresar a Argentina.
Desde el avión en Santa Cruz de la Sierra, Biasi, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, sostuvo que estuvieron «secuestrados con represión policial» y que fueron parte de una misión que se realizó en muchas situaciones similares como la que sucede en Bolivia.
Además, indicó que lo que ocurre en ese país es «una verdadera dictadura militar«: «Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al Presidente porque quiere instalar el Estado de sitio», agregó.
En la misma línea, Barry confirmó que «no los dejaban bajar del avión» y que el trato que recibieron «fue igual al de un secuestro». Además, manifestó que quisieron «hacerles firmar un documento» que presentaba «causas truchas» respecto a los objetivos del viaje.
Por su parte, el jefe de bloque de Diputados del peronismo (FP) Germán Martínez le «exigió» a las autoridades bolivianas que Marino «pudiera realizar las tareas para las que fue invitado» por la Asamblea Plurinacional del país limítrofe: «Exhortamos a las autoridades consulares de nuestro país a garantizar su libertad e integridad física», remarcó.
«Esta misión fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino con el fin de que se releven las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que se ejecuta para impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano. La expulsión de la misión constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos», sostuvo el comunicado que emitió la Misión Humanitaria.
Asimismo, subrayaron que esta situación «atentó contra los fueros diplomáticos» de los legisladores Marino y Biasi, que forman parte de la delegación, y calificaron el accionar de Paz Pereira como «dictatorial».
«La represión estatal y paraestatal que impulsa el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos, además se denuncian centenares de presos políticos con padecimientos de torturas en los lugares de detención; ausencia de asistencia médica a los heridos; secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios; agresiones a la prensa durante las protestas; estigmatización de los manifestantes; actos de discriminación y racismo. Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales a estar alertas ante la situación por la que está pasando la Misión Humanitaria», concluyeron.
NA