Tras la decisión de Nación de eliminar el beneficio, la Fiscalía de Estado se reunió con damnificados. La medida afecta a más de 10 mil riojanos que quedaron en situación de indigencia.
Por instrucción del Gobernador Ricardo Quintela y el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Menem, la Fiscalía de Estado de la provincia inició el análisis legal para presentar una acción de amparo ante la Justicia Federal. El objetivo es proteger a los beneficiarios del programa nacional “Volver al Trabajo”, quienes fueron desvinculados de manera imprevista, perdiendo su única fuente de ingresos.
Durante un encuentro en la Fiscalía, del que participaron los abogados Marcos Rodríguez y Ana Astorga Fuentes, se receptaron testimonios de personas que contaban con años de antigüedad en planes nacionales. La situación fue calificada como crítica, ya que la notificación de la baja dejó a miles de familias riojanas “en una situación de indigencia económica desesperante”.
Al respecto, las autoridades destacaron que esta acción sigue la línea de intervenciones anteriores realizadas en defensa de sectores vulnerables. “Tal como en su oportunidad lo hicimos en defensa de las personas con discapacidad, ahora analizamos la posibilidad de la presentación de un amparo a favor de quienes fueron intempestivamente privados de su único ingreso”, señalaron desde el organismo.
La estrategia jurídica no será aislada, sino que contará con el respaldo de instituciones del derecho local para fortalecer el reclamo ante el fuero federal. Se confirmó que se trabajará “conjuntamente con el Presidente del Consejo de Abogados, Dr. Francisco Brizuela, y otros abogados del foro local” para dar una respuesta inmediata a los afectados.
De esta manera, la provincia busca frenar lo que consideran una decisión arbitraria del Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei. La medida impacta directamente sobre la paz social de La Rioja, afectando a un padrón de más de 10 mil personas que hoy se encuentran sin ningún tipo de sustento económico tras el recorte.