La propuesta realizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de avanzar con una reforma constitucional para que los ciudadanos voten de forma directa a los integrantes de la Suprema Corte generó un debate sobre la división de poderes, con el oficialismo acusando al máximo tribunal de anular leyes votadas en el Congreso y con la oposición señalando al Ejecutivo por buscar concentrar competencias.
La iniciativa del mandatario fue comunicada ayer en su conferencia de prensa diaria, luego de que el máximo tribunal anulara el lunes pasado algunas partes de una reforma impulsada por el oficialismo que flexibilizaban restricciones en los procesos electorales, de cara a las presidenciales de 2024.
Sin meterse en la cuestión de fondo y argumentando violaciones en la forma en que se dio el trámite legislativo, nueve de los 11 jueces de la Corte invalidaron cambios a dos leyes que regulaban la participación de funcionarios en campañas y la propaganda oficial.
Concretamente, anularon las modificaciones aprobadas en diciembre pasado que permitían a los funcionarios manifestarse durante las campañas «en uso de su libertad de expresión», y ampliaban la posibilidad de promocionar la gestión del Gobierno durante el tiempo previo a una elección.
A juicio de la oposición, estos cambios habilitaban al Gobierno para interferir en los procesos electorales e inclinar la balanza a su favor, si bien la izquierda se perfila como favorita para mantenerse en el poder, mientras que para el Gobierno la reforma electoral fortalece la democracia y el fallo de la Corte contra algunos de sus artículos constituye una “violación constitucional”.
“El artículo 17 de la Constitución es el que regula el acceso al derecho a la Justicia, y en el párrafo tercero señala claramente que el deber de los tribunales es resolver el fondo de las controversias y no los formalismos. Entonces, la decisión de la Corte viola esta disposición constitucional”, manifestó a Télam el diputado Hamlet García Almaguer, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“Tendrían que haber analizado tanto la forma como el fondo de la discusión. Cuando se limitan solo a la forma se involucran en normas que desde nuestra perspectiva no pueden ser objeto de control constitucional, como los mecanismos de deliberación del Congreso”, añadió el legislador, que además es abogado especializado en derecho constitucional y electoral.
La decisión de la Corte Suprema sobre la reforma electoral denominada «Plan B», debido a que el proyecto original fue descartado por el Senado al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos, es para el Gobierno una violación en la separación de poderes, ya que el tribunal no tiene «legitimación popular» para restringir atribuciones constitucionales del Congreso.
“Al Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, al Legislativo lo mismo, y ambos nombran a los ministros de la Corte y esos señores que ahora forman parte del supremo poder conservador están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener al viejo régimen, de corrupción y privilegios”, apuntó López Obrador.
En ese marco, el mandatario anunció que planea impulsar “que el pueblo elija a los ministros» del máximo tribunal de Justicia, como parte de un nuevo paquete de reformas constitucionales a presentar en septiembre de 2024, en el breve período en el que coincide la nueva conformación de las dos Cámaras del Parlamento designada en las elecciones del 2 de junio de ese año con el mandato del actual presidente, que vence el 1 de octubre.
De prosperar, no sería la primera vez que en México existe una fórmula similar: en la Constitución de 1857, de ideología liberal, se estableció que los ciudadanos con derecho a voto (varones mayores de 21 o de 18 si ya estaban casados) elegían delegados que a su vez designaban a los integrantes de la Corte Suprema.
En ese momento estaban seis años en el cargo, en lugar de los 15 años actuales de los ministros que llegan al tribunal al ser ternados por el Presidente y refrendados luego por dos terceras partes del Senado.
“La propuesta será para elegirlos directamente, seguramente tendrá una fase de nominaciones. Quizá tanto el Ejecutivo como el Legislativo propongan listas de candidatos. Y la segunda fase puede ser de la elección abierta por la ciudadanía. Y esto es para clarificar lo que ya ocurre en el interior de la corte, en la que hay un ala conservadora, identificada con la derecha, y un ala liberal identificada con la izquierda”, manifestó el diputado García Almaguer.
La actual composición tiene una mayoría de siete ministros propuestos por los exmandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, incluyendo a la presidenta del tribunal, y cuatro nominados por López Obrador.
“Parece importante que los ministros de la Corte sean electos porque no representan el sentido de la sociedad, del pueblo de México. Y si son electos ya se deben a la gente. Hoy se deben, sobre todo una mayoría de ellos, a grupos de interés, a quienes los apoyaron en sus carreras para llegar a la Corte», manifestó a esta agencia César Cravioto Romero, senador oficialista.
“El Poder Judicial necesita una reforma total y orgánica”, indicó a Télam Aníbal García Fernández, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y lo ejemplificó con la necesidad de modificar que el presidente de la Corte Suprema lidere a su vez la Judicatura Federal.
Esta situación ocurre también desde el año pasado en Argentina, cuando el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, quedó a su vez como presidente del Consejo de la Magistratura, luego de que el máximo tribunal declarara en diciembre de 2021 inconstitucional el balance entre los integrantes técnicos y políticos del organismo.
García Fernández manifestó además que los sondeos muestran que la sociedad mexicana tiene una visión “bastante crítica” del Poder Judicial y, en ese marco, recordó una de las polémicas con López Obrador cuando el mandatario presentó una ley para que ningún miembro de la Administración Pública gane más que el mismo presidente “y fueron algunos jueces los que presentaron amparos” para revertir esa normativa.
“Y ahora la Suprema Corte se arroja la facultad para tomar decisiones que son políticas y empiezan con una judicialización más fuerte de la política”, manifestó el analista, miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), sobre el último fallo contra la reforma electoral.
Por el contario, para el líder del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, el anuncio de López Obrador de una elección directa a los integrantes de la Corte Suprema es “una amenaza” a esos ministros y un “ataque” la Constitución.
“Las amenazas a ministros nos dejan claro que el único proyecto de este Gobierno es acumular el poder en las manos de un solo hombre, anular la división de poderes, destruir a quien no cumple sus caprichos y tomar la ruta hacia una dictadura”, manifestó en su cuenta de Twitter.
“¡Ya basta de ataques a la Constitución! ¡Ya basta de propuestas delirantes para destruir instituciones y distraer de los graves problemas nacionales!”, apuntó.
Lo cierto es que la decisión de la Suprema Corte no hace más que profundizar el enfrentamiento entre López Obrador y el tribunal
La Corte aún debe pronunciarse sobre otra parte de la reforma que reduce el personal y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), entidad independiente encargada de organizar los comicios y a la que el presidente acusa de ser cara y de haber tolerado fraudes en el pasado.
Mientras, en abril, el tribunal limitó la participación de los militares en tareas de seguridad pública, al anular la transferencia de un cuerpo policial al Ejército como buscaba López Obrador. (Télam)