El gobierno de Javier Milei dio inicio formal al proceso de privatización de rutas nacionales, una medida que había sido anticipada meses atrás. El Decreto 28/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece la concesión por peaje de varios tramos de la Red Vial Nacional, con el objetivo de reducir el gasto público y mejorar la gestión vial mediante la participación del sector privado.
Estas rutas no solo son fundamentales para el transporte interno, sino también para la conexión del Mercosur, al vincular tres de sus cuatro países miembros.
Según el Ejecutivo, el principal objetivo de esta medida es delegar la conservación, administración y mantenimiento de estas rutas al sector privado, permitiendo que el Estado reduzca costos operativos. “El corredor vial 18 es de suma importancia, no solo para la región del litoral argentino, sino también para todo el Mercosur”, indicaron desde el Ministerio de Obras Públicas.
El gobierno también remarcó la necesidad de modernizar la infraestructura vial, incluyendo obras de ampliación, reparación y mejora en los servicios ofrecidos a los usuarios. En palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, “la gestión estatal de estas rutas era deficitaria e implicaba pérdidas que ahora el sector privado podrá optimizar”.
Impacto económico y polémica
El decreto también habilita al Ministerio de Economía a llevar adelante el proceso licitatorio, aprobar los pliegos y adjudicar las concesiones. En este contexto, se prevé que las empresas adjudicatarias inviertan cerca de 600 millones de dólares en la modernización y mantenimiento de los tramos licitados.
El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales
Por otro lado, CRUSA, actual concesionario del corredor, mantiene un litigio con el Estado por un reclamo de 300 millones de dólares debido a presuntos incumplimientos contractuales y atrasos tarifarios. La empresa habría propuesto extender su contrato a cambio de retirar el juicio, pero el gobierno evalúa ofertas de otros consorcios interesados.
La medida también generó críticas desde distintos sectores. El expresidente Mauricio Macri, durante una reciente entrevista, apuntó contra la gestión actual y su impacto en la seguridad vial. “Están aumentando los accidentes porque paralizaron la obra pública”, señaló, y reclamó una mayor celeridad en los procesos licitatorios.
El esquema planteado por el gobierno contempla concesiones de hasta 20 años, un plazo que permitirá amortizar inversiones y garantizar la sostenibilidad del modelo. Según estimaciones oficiales, esta privatización podría generar un ahorro fiscal superior a los 5.000 millones de dólares.
Además, las licitaciones incluirán exigencias para mejorar las condiciones de las rutas, como la reparación de baches, iluminación, y señalización vertical y horizontal. También se busca evitar monopolios en la gestión vial, promoviendo una competencia más amplia.
La privatización de rutas nacionales marca un cambio drástico en la política de infraestructura vial del país, con promesas de mayor eficiencia y menores costos para el Estado. Sin embargo, las dudas sobre las tarifas de peajes y el acceso equitativo a las rutas públicas generan un debate que no parece terminar.
La implementación de este modelo estará bajo la lupa de la opinión pública y los sectores afectados, mientras el gobierno busca equilibrar la necesidad de inversión con la responsabilidad de garantizar servicios esenciales para todos los argentinos.