Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, el Gobierno de Javier Milei implementó una reducción del 7% en el empleo público, equivalente a 34.829 bajas. Según un informe de la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación, la mayor parte de los despidos se concentró en contratos por tiempo determinado y locación de servicios.
El reporte oficial señala que la reestructuración generó un ahorro de u$s3.820 millones, con el 90% del ajuste centrado en contratos bajo la Ley 25.164. Este recorte afectó principalmente a la Administración Pública Nacional (APN), que perdió más de 20.000 puestos, y a las empresas estatales, donde la disminución llegó al 12,6%.
Promesas cumplidas en la Casa Rosada
La reducción del plantel estatal fue uno de los ejes de la campaña electoral de Milei, quien en su momento aseguró que los ingresos durante la gestión de Alberto Fernández representaban “gasto político”. Para llevar a cabo el ajuste, se implementaron retiros voluntarios, no renovación de contratos y el cierre de ministerios y empresas públicas.
La baja más pronunciada se dio en los empleados contratados bajo la Ley Marco (17,8%) y en aquellos con contratos de Locación de Obras y Servicios (51,9%). En contraste, el personal de planta permanente y transitoria tuvo una reducción menor, del 3,6%.
El costo del ajuste por modalidad
El ahorro por contratos regidos por la Ley Marco fue de u$s2.060 millones, mientras que en la modalidad de planta permanente y transitoria alcanzó los u$s1.130 millones. Por su parte, los contratos LOYS representaron un ahorro de u$s630 millones, evidenciando el impacto financiero de la reestructuración.