El Gobierno nacional destinó al menos $2.087 millones durante 2025 a los operativos de seguridad desplegados en las habituales movilizaciones de jubilados frente al Congreso. El dato surge de un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a partir de información proporcionada por el Ministerio de Seguridad.
Durante ese período se realizaron 43 operativos con intervención de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. El costo promedio de cada dispositivo alcanzó los $48,5 millones, contemplando principalmente combustible y equipamiento utilizado por las fuerzas federales.
El cálculo es considerado conservador porque no incorpora las horas de servicio obligatorio, los adicionales ni otros gastos relacionados con los cerca de 40.000 agentes movilizados a lo largo del año.
Un promedio de 915 efectivos por operativo
En cada jornada fueron desplegados, en promedio, 915 integrantes de las fuerzas federales. La mayor movilización ocurrió el 12 de marzo de 2025, cuando participaron 1.266 efectivos en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Aquella protesta terminó con numerosos heridos y detenciones. Entre ellos se encontraba el fotoperiodista Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría la manifestación.
La investigación judicial por ese episodio derivó en la acusación contra un cabo de Gendarmería por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas agravado. También continúa bajo análisis la posible responsabilidad de los superiores que intervinieron en la planificación y conducción del operativo.
El 96% del gasto se destinó a equipamiento
Del total informado, aproximadamente $35 millones correspondieron al combustible utilizado por los vehículos de las fuerzas. El 96% restante fue registrado como gastos de equipamiento de la Policía Federal, sin que se brindaran mayores precisiones sobre los elementos adquiridos o utilizados.
De acuerdo con el relevamiento, el presupuesto destinado a estos dispositivos equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono, tomando como referencia el promedio abonado durante 2025.
La comparación se conoce mientras los jubilados mantienen sus reclamos semanales por la actualización de los haberes, el acceso a medicamentos y las prestaciones del PAMI.
Como informó GrupoLaProvincia.com, la caída de las nuevas jubilaciones y el crecimiento de la informalidad redujeron el acceso al sistema previsional, especialmente entre las personas que no logran completar los 30 años de aportes.
Organizaciones que monitorearon las movilizaciones registraron que al menos 28 de los 43 operativos terminaron con acciones represivas. En esas jornadas se contabilizaron 149 detenciones consideradas arbitrarias y al menos 501 personas heridas con balas de goma, gases lacrimógenos, gas pimienta o agua de los camiones hidrantes.
Los datos fueron reunidos por organizaciones sanitarias, sociales y de derechos humanos que asistieron a manifestantes y trabajadores de prensa durante las marchas.
Represión Congreso
Además del expediente por las heridas sufridas por Grillo, existen actuaciones judiciales por otros episodios ocurridos durante las protestas, entre ellos las lesiones provocadas a manifestantes por proyectiles, empujones y el uso de gas pimienta.
El informe volvió a instalar la discusión sobre el costo económico de los operativos y sobre el modo en que el Gobierno responde a las manifestaciones de jubilados, que cada miércoles se concentran frente al Congreso para reclamar mejoras en sus ingresos y condiciones de vida.