A través de la Resolución 393/2025, el Ministerio de Capital Humano, por medio de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dejó sin efecto el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM). La decisión, publicada este martes 22 de julio en el Boletín Oficial, implica un cambio profundo en la forma en que se controla y distribuye la asistencia alimentaria en todo el país.
La resolución, firmada por el secretario Juan Bautista Ordoñez, establece que, en adelante, la existencia y funcionamiento de comedores y merenderos comunitarios será verificada mediante relevamientos presenciales y el uso de tecnologías, en reemplazo del esquema centralizado que representaba el RENACOM.
El texto oficial destaca que esta modificación busca “una utilización eficiente, oportuna, transparente y responsable” de los recursos públicos, sin intermediarios y con el objetivo de atender con mayor eficacia las necesidades básicas y urgentes de la población más vulnerable.
Se anulan resoluciones previas del Ministerio de Desarrollo Social
Con esta decisión, también quedaron anuladas las resoluciones 480/2020 y 1653/2022 que en su momento crearon y regularon el RENACOM desde el entonces Ministerio de Desarrollo Social. El impacto es directo sobre las organizaciones sociales y comunitarias encargadas de la gestión diaria de comedores y merenderos en todo el territorio nacional.
El Ministerio de Capital Humano ya había eliminado en abril la obligatoriedad de estar inscripto en el RENACOM para participar del programa “Alimentar Comunidad”. En ese contexto, la eliminación definitiva del registro se presenta como una consecuencia lógica de los nuevos procedimientos implementados.
Uno de los pilares argumentativos de la resolución es un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que detectó fallas estructurales en el RENACOM. El documento alertó sobre “registros duplicados; campos en blanco y con ceros; datos que no se corresponden con el campo de carga; inconsistencias en los domicilios, entre otras falencias”.
La conclusión de la SIGEN, reproducida textualmente en la resolución, indica que el sistema “se desarrolla en un ambiente de control interno débil, que se encuentra afectada la integridad y confiabilidad de la información que resulta imprescindible para la clasificación del espacio comunitario y la toma de decisiones”.
Además, desde el Ministerio remarcaron que, según sus propios análisis, el 87% de las inscripciones estaban duplicadas. Es decir, casi nueve de cada diez registros contenían datos repetidos. También se detectó que el 34% de los formularios presentaban campos incompletos o directamente cargados con valores en cero, lo cual hacía inviable una correcta identificación y asignación de recursos.
Nueva lógica: sin inscripción y con controles en el territorio
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia consideró que la existencia del RENACOM se volvió innecesaria a partir de los nuevos esquemas de control implementados. “La eliminación del RENACOM permitirá mejorar los recursos y capacidades administrativas para el desarrollo de políticas públicas de alto impacto”, sostiene el documento.
El enfoque busca implementar programas más integrales y coordinados, que contemplen “una visión interrelacionada para abordar las necesidades sociales y los desafíos actuales de esta Secretaría Nacional”.
En esa línea, se impulsó un nuevo mecanismo de verificación basado en controles presenciales, sin intermediarios, y con el uso de tecnologías aplicadas al territorio.
La medida se inscribe en una reforma más amplia
La resolución forma parte de un paquete de reformas impulsadas por el Ministerio de Capital Humano desde su creación. Estas iniciativas tienen como eje central la “optimización de los instrumentos del Estado” y el fortalecimiento de las capacidades operativas de los programas sociales.
La medida fue impulsada por la Dirección de Asistencia Institucional Alimentaria, con intervención de otras áreas claves del Ministerio: la Subsecretaría de Promoción Humana, la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, y el Servicio Jurídico Permanente.