Gerardo Morales busca «embargar patrimonialmente a cada uno de los delincuentes violentos» y asegura que «se les va reclamar por los daños y perjuicios producidos al Estado provincial».
El Gobierno jujeño comunicó este martes que comenzaron a aplicarse multas vinculadas a las protestas contra la reforma constitucional en la provincia, registrándose hasta la fecha «más de 100 procesos iniciados».
«Las imputaciones contravencionales se han llevado adelante contra personas físicas y jurídicas. Hay ya más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas van de los 500 mil a los 2 millones de pesos», señaló en conferencia de prensa el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro.
Los procesos iniciados están vinculados a los cortes de ruta que llevan más de dos semanas y las manifestaciones donde hubo represión policial, entre ellas, la del 20 de junio pasado, cuando el gobernador Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC), presidió la jura de la reforma en medio de protestas en distintos puntos de la capital jujeña.
«La policía de la provincia, a través del departamento contravencional, va a seguir con los trabajos cada vez que se corte las rutas y no se permita el paso, lo que implica que las sanciones se pueden repetir en las personas físicas o jurídicas», acotó el funcionario sobre la sumatoria de multas, que «pueden llegar hasta los 2.500.000 pesos».
En tanto, el Fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Rivas, señaló que también viene denunciando ante la justicia local la perpetración de delitos en todo el territorio desde el 17 de junio, fecha en la que tuvo lugar una primera represión policial, en el corte de ruta que aún llevan adelante comunidades originarias en el ingreso al poblado de Purmamarca.
Respecto a los distintos hechos denunciados, Rivas agregó que «se trata de acciones ilícitas, perpetradas por personas violentas, con una virulencia majestuosa, que realmente están atacando el orden constitucional».
Agregó que «de ninguna manera se trata de hechos aislados, sino planeados y ejecutados por individuos violentos, organizaciones sociales y políticas» y que «se va a instar a que de forma inmediata se proceda a la detención efectiva de los delincuentes».
Al volver a indicar que el Estado va a intervenir como querellante en la totalidad de los procesos penales, Rivas apuntó que se buscará que «se apliquen los montos mayores de penas previstas para cada delito», tanto para los «autores materiales, cómplices e instigadores» y que pueden sumar «hasta 25 años de cárcel».
Dijo que se aboga por «embargar patrimonialmente a cada uno de los delincuentes violentos» y que «se les va reclamar por los daños y perjuicios producidos al Estado provincial», que estiman en «una suma aproximada de 1.000.000.000 de pesos», ello referido a incendios que hubo en inmediaciones a la Legislatura y lesiones producidas a agentes de la policía en los avances represivos, entre otros.
Lo anunciado por el Gobierno jujeño ya generó expresiones de rechazo desde distintos sectores.
«Cuando los organismos de derechos humanos hablamos de criminalizar la protesta, hablamos de esto. Defender las ideas, manifestarse, protestar, organizar debates y clases públicas en las arterias de nuestras ciudades no es atacar la democracia, por el contrario es defenderla», expresaron desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Jujuy.
«La democracia no es votar cada dos años, eso es solo la consecuencia, democracia es abrir el diálogo, escuchar al pueblo, rectificar medidas cuando fueron mal tomadas o implementadas, respetar las distintas formas de pensar y sobre todo agotar todas las instancias para lograr consensos. Detentar el poder y ejercerlo de modo autoritario no es democrático, por el contrario, con esa modalidad se avanza a pasos agigantados hacia una dictadura opresora», agregaron a través de una publicación en las redes sociales.