Los equipos de la Casa Rosada están trabajando en la medida, que implementará un esquema similar al pago de multas de tránsito.
El Gobierno prepara un decreto para modificar la Ley de Defensa al Consumidor. Según pudo saber TN, el Ejecutivo implementará cambios sobre el marco jurídico para sumar un mecanismo de “pronto pago de multa” dentro del régimen con la intención de acelerar los expedientes sancionatorios.
Los equipos de la Casa Rosada están trabajando en la medida, que será similar al esquema de pago de multas de tránsito. Se trata de un sistema de reconocimiento de la infracción, en el que se accede a un monto menor sobre el total, junto con la renuncia a presentar descargo, recursos administrativos y judiciales.
El documento ya se encuentra en la secretaría de Legal y Técnica, que preside María Ibarzabal, y está previsto que se publique en el Boletín Oficial en los próximos días. Los cambios se aplicarán a través de un decreto reglamentario que amplíe las extensiones de la Ley 24.240, que ya fue revisado por la secretaría de Comercio.
En Balcarce 50 aseguran además que la medida aplicará otros cambios sobre la legislación. Según el marco actual, todos los expedientes deben pasar por una imputación formal, etapa de descargo, resolución y, en muchos casos, apelaciones administrativas o judiciales. Lo regulan los artículos 45 y 47 del capítulo XII de la ley.
Las sanciones actuales abarcan desde apercibimientos hasta multas administrativas graduadas entre 0,5 y 2100 canastas básicas totales, decomisos de las mercaderías o servicios objeto de la infracción, clausuras del establecimiento y suspensiones del servicio hasta 30 días. Lo mismo aplica para exclusiones en registros oficiales de proveedores estatales por hasta cinco años.
La ley dispone además que el 50% de los montos recaudados por multas y otras penalidades sean destinados a un fondo especial que impulse planes para profundizar la educación al consumidor y “demás actividades que se realicen para la ejecución de políticas de consumo”. La autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.
El Gobierno ya disolvió además el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) a través del Decreto 55/2025. Nación argumentó que “duplicaba tareas con otros organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tenía bajos niveles de eficiencia” y comunicó que signigicó un ahorro anual de $650 millones.
El Ejecutivo tiene en carpeta además desde mediados de 2024 un nuevo Código de Defensa del Consumidor, que recibió en esa instancia Pablo Lavigne por parte de la “Comisión Reformadora de la Ley de Defensa del Consumidor”. Se trata del marco total que regula la relación de quien compra un producto o contrata un servicio respecto de aquellos que los venden y establece cuáles son los derechos y las obligaciones de ambas partes.