El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.
El Gobierno nacional otorgó a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que pasan por sus territorios.
Las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos.
Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.
La disposición fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina. El texto aclara que esta delegación de facultades es de carácter «funcional, limitado, temporal y revocable».
La normativa especifica que el Estado Nacional mantiene la propiedad de las rutas. El decreto señala que la medida «no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados».
Además, se fija un límite temporal para los contratos de gestión, los cuales «en ningún caso podrá exceder de TREINTA (30) años contados desde su aprobación».
Para implementar este sistema, cada provincia debe firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad.
En estos acuerdos se detallarán los tramos específicos a transferir y el plan de obras previsto. Según el decreto, las provincias deben garantizar el «respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero».
Finalmente, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y la Dirección Nacional de Vialidad supervisará el cumplimiento de los contratos.
En caso de que una provincia no convoque a licitación en el plazo de un año tras la firma del convenio, se producirá el «decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate».