El Gobierno informó este lunes que envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares, con el objetivo de que sea tratado durante el período de sesiones extraordinarias.
Mediante un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, se precisó que Javier Milei remitió al Parlamento “un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.
Según el texto oficial, “a más de 15 años de su sanción, la mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.
En ese marco, el Ejecutivo sostiene que la reforma “propone reglas claras” porque “protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”.
El comunicado también señala que la iniciativa “reafirma el mandato constitucional del artículo 41 —que establece que ‘todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo’— y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales”.
En esa línea, la administración de Milei afirma que el proyecto constituye “una verdadera reforma del federalismo” en materia ambiental, ya que “fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones”.
Asimismo, el texto subraya que “esta reforma responde al rumbo trazado por el Presidente: terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”. En ese sentido, agrega que la iniciativa “da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y da respuesta al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre”, integrada por Mendoza y San Juan.
Por último, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso que “le dé pronto tratamiento a este proyecto”, que forma parte del temario convocado para las sesiones extraordinarias, un período que se extenderá hasta el 30 de diciembre.
Foto: AFP.