Así lo definieron en un encuentro en Casa Rosada. Fuentes del entorno presidencial contaron a Crónica que hubo consenso sobre que la decisión del máximo tribunal interviene con facultades del Poder Ejecutivo.
Los gobernadores ya se habían manifestado en contra del fallo de la Corte Suprema el último miércoles cuando se conoció la decisión que favorece a la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la devolución de los fondos de coparticipación que el gobierno nacional le redujo. En una reunión que tuvo lugar ayer en Casa Rosada, el Presidente y los gobernadores definieron una postura: la Nación no acatará la orden del máximo tribunal por considerarlo «de imposible cumplimiento». Además, el jefe de Estado decidió instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria «in extremis» de la resolución cautelar dictada.
Fuentes del entorno presidencial adelantaron a Crónica que en la cita con los mandatarios provinciales hubo consenso sobre que la decisión del máximo tribunal interviene con facultades del Poder Ejecutivo ya que le indica cómo ejecutar el Presupuesto. El gobierno entiende que los fondos que la Corte le ordena devolver a la Ciudad, distrito que gobierna el opositor Horacio Rodríguez Larreta, provienen de montos ya asignados para la administración general del Estado y no de la masa de impuestos coparticipables.
A la esperaba un comunicado oficial del gobierno nacional con los pasos a seguir respecto de la postura consensuada con los gobernadores, el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Merella, presente en la reunión, informó hace minutos a través de su cuenta de Twitter que “coincidimos en que el fallo de la Corte Suprema tiene una mirada unitaria, netamente centralista del país, que es de imposible cumplimiento para el Gobierno nacional”.
Merella agregó que “esta determinación del máximo órgano judicial es un golpe al federalismo para beneficiar políticamente a la Ciudad de Buenos Aires, en especial a su Jefe de Gobierno, en desmedro de todas las provincias argentinas”.
El conflicto por la porción que le toca a cada jurisdicción de la masa de impuestos coparticipables puede resumirse de la siguiente manera: para la administración nacional el porcentaje correcto es el que ya venía depositando de 2,32% a la ciudad de Buenos Aires, mientras que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pedía 3,5%. La Corte definió el 2,95%. Ninguna de estas porciones supera el 3,75% que el ex presidente Mauricio Macri le había dado a la ciudad durante su gestión.
El último miércoles, la Corte Suprema de Justicia dictó la medida cautelar en la que se suspende la aplicación de la ley del Congreso 27.606 y ordena a la Nación otorgar un monto equivalente a 2,95% de fondos coparticipables.
Para evaluar cómo proceder ante esa definición judicial en la reunión de ayer estuvieron presentes el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.
Entre los mandatarios que asistieron al Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno se encuentran el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el formoseño Gildo Insfran, el entrerriano Gustavo Bordet, el riojano Ricardo Quintela; el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raul Jalil. También, el sanjuanino Sergio Uñac, el santiagueño Gerardo Zamora, el chubutense Mariano Arcioni y el pampeano Sergio Ziliotto.
A ellos se sumó otro grupo de gobernadores bajo la modalidad virtual; como el mandatario chaqueño, Jorge Capitanich; el misionero Oscar Herrera Ahuad; y la santacruceña Alicia Kirchner.
Capitanich, por ejemplo,se había expresado claramente a través de sus redes sociales en la previa de la reunión en Rosada cuando afirmó: “El Presidente de la Nación debe desconocer este fallo pues objetivamente es una atribución constitucional del artículo 99, y no depende de una intromisión de carácter judicial arbitraria y discrecional”.
Fuente: Crónica