El Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, anunció una prórroga de tres meses en la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, cuya sede central es Comodoro Py. La puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal estaba prevista para el 11 de agosto, pero fue postergada a raíz de «reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción».
A través de un comunicado oficial, la cartera de Justicia defendió la decisión: «Este Gobierno considera que la transformación cultural iniciada es irreversible, que el sistema judicial penal federal cuenta con recursos suficientes para poner en marcha esta reforma, y que la Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas».
El texto también apuntó contra los retrasos acumulados en gestiones anteriores: «Desde el inicio de la implementación, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional como consecuencia de años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional».
En ese mismo tono, el comunicado remarcó que «las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década», aunque justificó el aplazamiento como una respuesta a las objeciones planteadas por los fiscales: «No obstante, como consecuencia de reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción, esta cartera resuelve diferir la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses».
La cartera que dirige Cúneo Libarona aseguró que la decisión busca «remover obstáculos políticos y corporativos y garantizar en esta jurisdicción una plena coordinación entre los tres poderes del Estado, tal como se ha verificado en las otras jurisdicciones donde el Gobierno implementó exitosamente el sistema acusatorio: Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata».
El nuevo sistema debía comenzar a regir el 11 de agosto y supone una modificación profunda del esquema procesal: fortalece el rol de los fiscales, quienes asumen la dirección de la investigación penal, mientras que los jueces pasan a ser garantes de los derechos de las partes y del cumplimiento del debido proceso.