El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que indagará personalmente en las tareas que cumplió la exintegrante de la Policía Federal. Conmoción entre las víctimas del terrorismo de Estado.
La revelación de Página/12 de que una integrante de los servicios de inteligencia estuvo durante la dictadura infiltrada en Madres de Plaza de Mayo causó conmoción entre víctimas y organismos de derechos humanos. El ministro de Seguridad Aníbal Fernández le dijo a este diario que él personalmente investigará qué rol le cupo a la integrante del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) anunciaron que pedirán que los tribunales avancen en dilucidar su responsabilidad en los años del terrorismo de Estado.
En el Cuerpo de Informaciones de la PFA, se conocía a la agente como “Isabelita”. En su legajo consta que estuvo infiltrada en lo que la fuerza denominaba “Madres de Terroristas”. En diciembre de 1982, uno de sus jefes recomendó su traslado a Mar del Plata, entre otras razones, porque un represor detenido en Europa la había mencionado como de una de las infiltradas en el grupo de la iglesia de la Santa Cruz. En ese operativo de diciembre de 1977, fueron secuestradas tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
Mabel Careaga es hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las Madres secuestradas el 8 de diciembre de 1977. La noticia de la infiltración de Isabelita la afectó profundamente. “La represión fue tan tremenda que, a pesar de todos los años y de todas las investigaciones, hay cosas que todavía no sabemos. Entre ellas, de todo lo que fue capaz la dictadura y de estas infiltraciones –que muchas veces las vemos en el presente cuando se usa el espionaje con los familiares del ARA San Juan”, dice Mabel. Ana Bianco, hija de Mary Ponce de Bianco, coincide que aún falta mucho por saber y remarca que debería desentrañarse cuál fue la conexión con los escuadrones de la muerte de la escuela francesa.
Graciela Lois, integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, solía frecuentar la Iglesia de la Santa Cruz. “Es fundamental conocer esto para que no se crean que nuestras historias han sido lineales. Siempre filtraron gente para intentar desbaratar nuestras organizaciones o porque necesitaban saber qué hacíamos. No me extraña. Lo importante es que sobrevivimos a estos embates, por eso queremos que se conozcan todos estos episodios”, afirma.
“Esta mujer debe ser juzgada y es necesario que se abran todos los archivos para saber”, reclama Osvaldo Barros, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD). La apertura de los archivos también fue reclamada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
De su legajo se desprende que Isabelita continuó realizando tareas en movilizaciones de organismos de derechos humanos durante la democracia y que luego ocupó un lugar importante en la Escuela de Informaciones de la PFA. Recién pasó a retiro durante el gobierno de Néstor Kirchner. “Impacta muchísimo porque siguieron actuando durante gobiernos constitucionales y siguieron infiltrando la protesta social y los organismos de derechos humanos. Es un caso que no habla del pasado”, dice Myriam Bregman, abogada querellante y diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FITU) que reclamó la disolución del Cuerpo de Informaciones que integraron espías célebres como “Isabelita”, “Iosi” o Américo Balbuena.
“Este caso es la demostración cabal de que en los primeros años de democracia estos grupos seguían operativos”, resalta Matías Moreno, subsecretario bonaerense de Derechos Humanos. “También vuelve a destacar la grandeza y la valentía de las Madres, que reclamaban por sus hijos y mientras tanto eran infiltradas y lo necesarias que son las políticas de memoria, verdad y justicia para esclarecer estos hechos”, apunta.
El abogado Rodolfo Yanzón sostiene que deben investigarse los legajos de Isabelita y de otros integrantes del Cuerpo de Informaciones de la PFA y su eventual participación en crímenes de lesa humanidad. “Es claro que el hecho de haber pertenecido a esa estructura la hace una pieza abominable. Ahora, en lo que atañe a la cuestión penal, a la participación o autoría en algún crimen, la pregunta clave es qué grado de incidencia pudo haber tenido alguno de sus actos en los crímenes cometidos”, explica.
La eventual participación de Isabelita en crímenes durante la dictadura fue denunciada en 2013 por la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré después del hallazgo del Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD), que sería desarmado durante el macrismo y cuya restauración reclaman los organismos. Garré vinculó su participación a los secuestros de la Santa Cruz, que fueron investigados y sancionados en el marco de la megacausa ESMA. Sin embargo, el juez Sergio Torres dictó el archivo parcial de las actuaciones porque no pudo acreditar que hubiera participado de esos secuestros.
El exPrograma Verdad y Justicia, que depende de la SDH, analizó decenas de legajos de integrantes del Cuerpo de Informaciones. Entre ellos estaba el de Isabelita. Los expertos entendieron que había elementos para imputar a sus integrantes. Este miércoles, abogados de la oficina que lidera Horacio Pietragalla Corti pedirán el desarchivo de la denuncia al juez federal Ariel Lijo –actualmente a cargo de la megacausa ESMA–. Además, le solicitarán a su colega Daniel Rafecas que analice la eventual responsabilidad de Isabelita en la causa sobre Coordinación Federal.
Fuente: Página 12