Desde el Gobierno de la provincia manifestaron que «se debe actualizar y profundizar el debate sobre la ley vigente y elaborar una legislación nueva, pero que no sea regresiva en materia de derechos humanos de las niñeces y adolescencias, sino que tenga una concordancia con los estándares de las convenciones respectivas y establezca un fuero penal específico para la franja de 16 años a 18 años, diferenciado del regimen penal para adultos».
Asimismo agregaron que «en las estadisticas nacionales, regionales y provinciales, la incidencia de hechos de violencia, equiparables a delitos graves o gravisimos, cometidos por niñeces de menos de 16 años, es muy bajo y perfectamente tratable por dispositivos de abordaje y respetuosos de la condición de infancias».
«Endurecer el codigo penal y criminalizar a personas de menor edad, no es preventivo, ni disuasivo, ni proactivo, en la lucha contra la violencia, la inseguridad y el delito», expresa el comunicado.
De este modo manifestaron que «desde nuestra óptica humanista y social creemos que los niños y niñas deben estar en la familia, la escuela, el barrio, el deporte y los centros culturales y artisticos, asistidos por el Estado, creativa y efectivamente, con garantias constitucionales y legales, para tener salud, alimentación y educación. Por eso en nuestra Constitución reformada recientemente, se explicita, en un articulo, la renta básica universal que propende al acceso real de todo ser humano en La Rioja, a gozar y tener garantizados los derechos básicos, en un piso minimo de igualdad».
«Consideramos que la violencia social y, de las infancias en particular, no se erradica con procesos penales inadecuados e invasivos para ciertas edades, ni metiéndo presos a niñeces violentadas previamente por un sistema que margina, ultraja y excluye».
Finalmente destacaron la importancia de fortalecer un Estado presente, con presupuesto acorde y efectivo, que proteja, acompañe, repare y restaure la dignidad de nuestras niñeces y la paz social. «En eso estamos y pondremos todo nuestro empeño y desvelo institucional y legal. Bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, no», concluyeron.
«No podemos avalar una medida que atenta contra los derechos humanos»
Por su parte, Ricardo Quintela se refirió al tema indicaron que «el rol del Estado debe ser el de estar presente, acompañando el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, desde la familia, la escuela, el barrio, el deporte, garantizándoles salud, alimentación y educación en óptimas condiciones».
«Si hablamos que en nuestra nueva Constitución Provincial ampliamos derechos, no podemos avalar una medida que atenta contra los derechos humanos», precisó Quintela.
«Desarrollar políticas activas de acompañamiento a las juventudes y niñeces, es por lo que trabajamos fuertemente», cerró.