Desde el oficialismo riojano rechazaron la presentación judicial del fiscal federal contra el Gobernador. Aseguraron que advertir sobre la crisis social no representa una amenaza a la democracia, sino una defensa de las familias frente al ajuste.
El Gobierno de La Rioja salió en defensa del gobernador Ricardo Quintela luego de la denuncia penal impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli. La presentación judicial surge a raíz de las recientes declaraciones del mandatario provincial sobre la compleja situación social del país y la continuidad de la gestión nacional, lo cual fue interpretado por la fiscalía como una posible acción desestabilizadora.
La secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo, fue una de las principales voces en desestimar la acusación. La funcionaria negó rotundamente que el Gobernador haya buscado atentar contra el orden democrático. «Decir lo que está pasando no es atentar contra la democracia, sino defender a la gente», sentenció Santángelo, subrayando que alertar sobre un estallido social es una respuesta al impacto de las políticas económicas en la provincia.
Por su parte, el respaldo se extendió al ámbito legislativo nacional. El diputado Ricardo Herrera consideró que este movimiento judicial es un claro ejemplo de la “judicialización de la política”. En la misma línea, el legislador Germán Martínez se solidarizó con el mandatario riojano, calificando la denuncia de Stornelli como un “bochorno” y un ataque directo a los principios del federalismo.
Desde el entorno de Quintela sostienen que advertir sobre la realidad de los sectores vulnerables “no es desestabilizar, sino defender a las familias”. Con este fuerte cierre de filas, el oficialismo local busca ratificar su postura crítica frente al Gobierno nacional, insistiendo en que la prioridad actual es visibilizar las consecuencias del ajuste en el territorio riojano.