El Tribunal Superior de Justicia, en Acuerdo de Superintendencia, recibió el Informe de Auditoría N° 6 realizado por la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en Chamical. El informe final reveló graves disfuncionalidades en registros, tiempos de respuesta, índice de eficacia, demoras y acumulación de causas.
La auditoría fue dispuesta en el marco del Plan Anual de Control de Gestión 2025, aprobado mediante Acuerdo Administrativo N° 55/25, y ejecutada durante los días 24, 25 y 26 de septiembre. La tarea fue desarrollada por el equipo técnico de la Dirección de Órganos Jurisdiccionales, bajo la coordinación del Secretario de Superintendencia.
Objetivo y alcance de la auditoría
El trabajo tuvo por finalidad relevar el funcionamiento administrativo y jurisdiccional del organismo, analizar sus procesos internos y elaborar un diagnóstico para la evaluación en la gestión.
El informe final se elevó al Alto Cuerpo el 19 de noviembre, dando cumplimiento al cronograma fijado por Resolución Presidencial N° 17/25.
Principales resultados consignados en el informe
- La distribución de tareas se realiza de manera verbal, sin perfiles formales de puestos preestablecidos.
- No existe libro de pases internos y se observó desorganización física de expedientes.
- Se detectaron inconsistencias entre los expedientes informados en las estadísticas y los registrados efectivamente, con una diferencia de 389 causas.
- El organismo no cuenta con calendario de audiencias y no conserva registros históricos.
- El índice de resoluciones alcanza el 18 %.
- Existen 362 expedientes fuera del Juzgado.
- La tasa de acumulación asciende a 756 expedientes ingresados entre 2017 y 2022 que continúan sin conclusión.
- Del total de 696 causas activas relevadas, 266 no cuentan con instrucción y 261 no registran primera respuesta jurisdiccional.
Tras analizar el contenido del Informe de Auditoría N° 6, el Tribunal Superior de Justicia por las graves disfuncionalidades detectadas, ordenó a la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial, un urgente plan de regularización a los fines de superar la situación encontrada, ordenando al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional su aplicación inmediata. Esto viene relacionado a la oportuna remisión al Consejo de la Magistratura para que se investigue la responsabilidad funcional de la magistrada Dra. Adriana Loureiro en causas que debió resolver.