El juez del Tribunal Oral Federal de La Rioja, Jorge Gamal Chamía, rompió el silencio en MEDIOS RIOJA tras trascender públicamente una denuncia en su contra por presunto acoso laboral y sexual interpuesta por una empleada judicial. En un fuerte descargo, el magistrado calificó las acusaciones de «totalmente falsas, una vil mentira» y aseguró que se trata de una estrategia montada para evitar la presencialidad laboral tras radicarse en Buenos Aires.
Asimismo, Chamía expuso detalles sobre las tensiones internas en el tribunal vinculadas a la cobertura de vacantes, el escalafón judicial y supuestas presiones de sectores políticos y gremiales a nivel nacional.
«Una historia inventada para no ir a trabajar»
Al referirse a la denunciante, identificada como la agente Galván, el magistrado sostuvo que la empleada se encuentra radicada en Buenos Aires desde hace más de dos años y que ha evitado presentarse a cumplir funciones mediante la acumulación de certificados médicos y licencias.
«La vi una sola vez que se presentó con la secretaria, vino a mi despacho y ahí la conocí. […] Cuenta esa historia inventada para lograr una medida cautelar de restricción geográfica, que es el objetivo», enfatizó Chamía.
Según el juez, tras un dictamen del departamento de medicina de la Corte Suprema en diciembre pasado que determinó el alta médica de la agente al considerar que no existían impedimentos para trabajar, se intentó normalizar su situación de revista. Ante la negativa de la empleada de reintegrarse o someterse a nuevas revisiones médicas, el tribunal actuó mediante acuerdos internos, lo que derivó en una sanción disciplinaria de 20 días que ya se encuentra firme tras la intervención de la propia Corte.
En el plano judicial, Chamía recordó que la denuncia penal recayó inicialmente en el juzgado federal a cargo de Ariel Rafecas —quien se declaró incompetente— y posteriormente fue derivada a La Rioja. Tras la radicación en la Fiscalía local, el magistrado se presentó espontáneamente junto a su defensa legal para ponerse a disposición de la investigación.
Polémica por los nombramientos y vacantes en el TOF
El juez también abordó la controversia en torno a los movimientos de personal en el Tribunal Oral Federal, descartando cualquier tipo de connivencia o irregularidad institucional.
Explicó que los cambios se produjeron de manera escalafonaria tras la salida de la doctora Daniela Herrera Piedrabuena (quien concursó en la Fiscalía) y la vacante dejada por la renuncia de la secretaria del tribunal, quien asumió como jueza en Catamarca. Dicha vacante fue cubierta mediante la promoción de la prosecretaria Alejandra Grimau.
Frente a cuestionamientos de otros magistrados respecto a propuestas de designación externas —como las impulsadas por el doctor Quiroga Uriburu—, Chamía defendió la necesidad estricta de cubrir los cargos de jefatura de despacho con abogados relatores, amparándose en las normativas vigentes que facultan la promoción del personal idóneo del escalafón.
Presiones políticas y gremiales
Finalmente, el magistrado deslizó la existencia de intereses externos que exceden el ámbito estrictamente local. Apuntó a que se habrían intentado imponer postulantes de sectores políticos y judiciales ajenos a la provincia y cuestionó la intromisión de disputas gremiales nacionales en el normal funcionamiento del tribunal.
“Muchas veces las mujeres que realmente sufren estas cuestiones ven agravada la falsa denuncia por personas que hacen estas cosas”, concluyó Chamía, reiterando su confianza en que la Justicia esclarezca la falsedad de los hechos denunciados.