Dirigentes del Frente de Todos (FdT) respaldaron este martes el proyecto de ley avalado por la vicepresidenta Cristina Kirchner para la creación de un fondo destinado a cancelar la deuda con el FMI y rechazaron las críticas al «aporte de emergencia» que se les impondría a quienes tengan bienes en el exterior y no los hayan declarado ante el fisco.
Desde el bloque de senadores del oficialismo defendieron la propuesta y explicaron que las autoridades tributarias y el Poder Judicial tendrán «un rol fundamental» para «perseguir y castigar a los evasores» que «fugaron dinero al exterior y perjudicaron a la economía argentina».
El proyecto de ley sostiene en su artículo 13 que quienes «no ingresen el aporte deberán cumplir con todas las obligaciones tributarias omitidas y/o evadidas según las leyes impositivas vigentes, más sus intereses, accesorios y/o multas de acuerdo a la Ley de Procedimiento Fiscal».
También aclara la norma que los infractores «serán pasibles de ser denunciados por los delitos establecidos en el Código Penal y en la Ley Penal Tributaria» y del «decomiso definitivo de bienes previsto en el artículo 305 del Código Penal».
Mariano Recalde, titular de la comisión mixta Revisora de Cuentas, declaró que se trata de «una medida de Justicia perseguir y castigar a quienes evadieron» y aclaró que esto «ni siquiera tiene que ver con el proyecto de ley presentado», ya que los delitos ya están «tipificados» en el Código Penal.
«El proyecto de ley ayuda si se quiere con algunas herramientas como levantar el secreto fiscal y el bancario que hoy protege a los evasores y a los delincuentes pero los delitos ya están tipificados desde hace tiempo en el Código Penal y de lo que se trata es de castigar a quienes cometen esas infracciones graves delitos que hacen tanto daño a la economía del país», dijo a la prensa.
Recalde calificó a la propuesta presentada ayer en la Cámara alta como «sumamente inteligente» en medio de la discusión que debe darse, sostuvo, sobre «quién debe pagar la deuda» y consideró que no entiende «cómo alguien puede estar en contra de cobrarle a los evasores que fugaron miles de millones de dólares para hacer un negocio enorme».
Desde la oposición, el senador Martín Lousteau consideró que la iniciativa «no es un impuesto excepcional para pagar al FMI», sino que se trata de «un blanqueo encubierto»; pidió pensar para «quienes es en realidad el proyecto de blanqueo» y cuestionó que se le diga a la AFIP que «salga a hacer su trabajo».
En respuesta, la senadora del FdT Juliana Di Tullio, aseguró que lo que se busca es «verificar quienes son aquellos que sacaron divisas sin declararlas» y a ellos se les dará un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión».
«El proyecto modifica quienes pueden levantar el secreto bursátil, de esta manera podemos verificar quienes son aquellos que sacaron divisas sin declararlas y les damos un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que le deben pagar al país», explicó Di Tullio.