La diputada del PRO, Silvana Guidici, presentó un proyecto de ley para prohibir el indultado o una computación de penas las personas condenadas por delitos por corrupción, tráfico de influencia o enriquecimiento ilícito.
Si se aprueba esta ley, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no podría ser indultada ya que condenada a seis años de prisión por Administración Fraudulenta.
Guidici redactó esta iniciativa que también fue respaldada por su firma por sus pares del PRO, Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, María Eugenia Vidal, Florencia de Sensi, Germana Figueroa Casas, Sofía Brambilla, y Gerardo Milman.
La iniciativa fija que “no podrán ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga, las penas o procesos penales sobre los delitos cometidos contra la Administración Pública y aquellos relacionados con hechos de corrupción”
También podrán tener una disminución de la pena las condenas por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, cohecho y tráfico de influencia, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
Guidici argumentó que “los graves hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos que han tomado público y notorio conocimiento, y que actualmente tramitan en distintas instancias judiciales hacen necesario precisar las herramientas legislativas a fin de evitar que resulten interferidas, luego de resueltas las condenas, por eventuales futuras decisiones políticas”.
Recordó que además de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, fueron condenados por corrupción el ex vicepresidente Amado Boudou, los ex funcionarios José Lopez, Ricardo Jaime, y avanzan otras causas contra la ex vicepresidenta de la Nación conocidas como “Hotesur” y la causa de los cuadernos.
Señaló que el artículo 36 de la Constitución “pone en evidencia a la corrupción administrativa como uno de los problemas más graves de las democracias en general y de la Argentina en particular y dispone de medidas para combatirla, por estar intrínsecamente unida a la vigencia del orden constitucional”.
Recordó que “en referencia a la facultad de conmutar o indultar penas, nuestra Carta Magna ha dispuesto la competencia presidencial para su ejercicio en cuanto a los delitos de jurisdicción federal o nacional. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta, tanto por lo establecido en la propia Carta Magna (Artículo 36) como por los casos en que lo ha intervenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos “Arancibia Clavel”, “Simón” y “Mazzeo”), en función de la gravedad y daño institucional que provocan, lo cual en un principio se plasmó en la Ley 27.156 y que proponemos ampliar por medio del presente proyecto”.
Señaló que por ello, que “dada la trascendencia institucional que revisten, resulta imperioso incluir, dentro de las previsiones de la citada norma, ya que conllevan consecuencias graves y directas para la sociedad, a los delitos cometidos en contra de la Administración Pública y aquellos relacionados con hechos de corrupción”.