El gremio docente riojano marcó límites ante la propuesta oficial: aceptan la cuasimoneda solo como bono extraordinario, pero exigen que la recomposición real se traslade al básico para alcanzar el millón de pesos por cargo.
LA RIOJA – En medio de una compleja negociación salarial, el Sindicato de Educadores de La Rioja (SELaR) sentó una postura firme frente a la administración provincial. El gremio manifestó su rechazo a que los bonos de cancelación de deuda provincial, conocidos popularmente como «Chachos», formen parte de la estructura salarial permanente, calificando esta posibilidad como inviable para la estabilidad del trabajador.
«La moneda no puede ser parte del salario»
El Secretario General del SELaR, Ignacio Colina, fue contundente al argumentar que una cuasimoneda con fecha de caducidad no reúne las condiciones para ser considerada como parte de la retribución formal. «No es conveniente que una moneda que tiene vencimiento forme parte del salario», sentenció el dirigente.
Desde el sindicato, la estrategia es clara: el gremio acepta los «Chachos» únicamente bajo la figura de un bono extraordinario, pero se opone a que se utilicen como reemplazo de la base de cálculo para futuras negociaciones o incrementos.
Hacia un salario de un millón de pesos
La asfixia económica que atraviesan los educadores ha llevado al SELaR a fijar metas precisas para el corto plazo. El reclamo central es el «blanqueo» progresivo de las sumas fijas no bonificables, las cuales hoy alcanzan los $280.000, con el objetivo de elevar el básico real por encima de la barrera de los $500.000.
El objetivo final, según indicaron desde la organización, es que el sueldo docente alcance el millón de pesos por cargo, un número que consideran necesario para hacer frente al costo de vida actual y compensar el impacto de la devaluación. Además, insisten en la reactivación del escalafón por antigüedad, un ítem fundamental para la carrera docente.
Agenda de reclamos técnicos
El conflicto no se agota en la discusión salarial. La representación sindical ha puesto sobre la mesa una serie de exigencias administrativas que consideran urgentes para normalizar el servicio educativo:
- Revisión del Nomenclador Docente: Actualización de los criterios de valoración de cargos.
- Condiciones de ingreso: Regularización de los procesos de designación.
- Liquidaciones: Solución definitiva a los errores recurrentes en los recibos de haberes.
- Sistema SAGE: Exigencia de un funcionamiento eficiente de la plataforma digital, herramienta clave para la gestión cotidiana de los docentes.
La tensión se mantiene en el sector educativo, mientras la comunidad docente aguarda respuestas concretas del gobierno provincial para resolver un conflicto que, además de la recomposición de haberes, exige la normalización institucional del sistema.