En una sesión extensa, el Senado aprobó dos proyectos impulsados por el oficialismo que impactarán en el sistema judicial: la Ley de Juicio en Ausencia y la de Reincidencia y Reiterancia. Mientras la primera permitirá juzgar a imputados que no se presenten a declarar en casos de delitos graves, la segunda busca endurecer las penas para quienes reincidan en delitos.
El proyecto de juicio en ausencia se aprobó con 46 votos afirmativos, 21 negativos y 0 abstenciones. La iniciativa, inspirada en los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel, propone la posibilidad de juzgar a imputados que permanezcan prófugos.
La medida contó con el respaldo del oficialismo, la UCR, el PRO, Unidad Federal, el Frente Renovador de la Concordia, y varios monobloques. Por su parte, el bloque de Unión por la Patria (UP) votó dividido, con ocho senadores apoyando la iniciativa.
El texto modifica el Código Procesal Penal e incorpora cambios clave:
El imputado tendrá derecho a defensa mediante un abogado de confianza o un defensor oficial.
La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni el dictado de resoluciones hasta la elevación a juicio.
Será aplicable solo en delitos contemplados en el Estatuto de Roma y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
Ley de reincidencia: sanción por unanimidad
Por otro lado, el Senado sancionó la Ley sobre Reincidencia y Reiterancia con 67 votos afirmativos en la votación general. Sin embargo, en la votación artículo por artículo, UP votó en contra de varios puntos vinculados a la reiteración delictiva.
La norma, impulsada por el Ministerio de Seguridad, modifica los artículos 50 y 58 del Código Penal, además de introducir cambios en el Código Procesal Penal Federal. Su principal objetivo es endurecer las penas y restringir beneficios para reincidentes.
Los principales cambios incluyen:
Reincidencia: Se considerará reincidente a quien haya recibido dos o más condenas firmes a penas privativas de libertad.
Reiteración delictiva: Se aplicará a quienes enfrenten múltiples procesos penales simultáneamente, permitiendo el uso de medidas de coerción más estrictas.
Delitos contra personas o propiedades: Se podrán aplicar medidas de coerción más severas cuando los hechos ocurran en el marco de protestas o expresiones públicas.
Desde el oficialismo destacaron que esta iniciativa busca evitar la “puerta giratoria” para delincuentes reincidentes y garantizar mayor seguridad.