Tras postergarse su tratamiento en el recinto la semana pasada debido a cambios de último momento introducidos por el Ejecutivo, un plenario de comisiones analiza la adenda que extiende los plazos de ratificación. El Gobierno asegura que la modificación no altera el monto global de US$104 millones.
El oficialismo en el Senado volverá a reunir este martes a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversiones, con el firme objetivo de conseguir el dictamen de mayoría para el proyecto de ley que ratifica el acuerdo con los fondos que mantuvieron litigios contra la República Argentina tras el default de 2001.
La iniciativa, enviada originalmente por el Poder Ejecutivo, debió regresar a la etapa de comisiones luego de que se conociera la incorporación de una adenda que extendió los plazos de ratificación hasta el 31 de mayo (la fecha límite original estaba pautada para el 30 de abril). Al no haber sido informada previamente esta modificación a los bloques de la oposición dialoguista, La Libertad Avanza optó por retirar el expediente de la última sesión y convocar a este nuevo plenario para brindar las explicaciones técnicas pertinentes.
Explicaciones del Ejecutivo en el Congreso
La reunión plenaria estará bajo la conducción de los senadores oficialistas Agustín Monteverde (Presupuesto y Hacienda) y Martín Goerling Lara (Economía Nacional e Inversiones). Para defender los cambios e informar los detalles específicos, asistirán altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional: el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio; el secretario legal del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton; y el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija.
Las negociaciones con los sectores de la oposición aliada para asegurar el acompañamiento de la firma del dictamen y el posterior voto en el recinto fueron encabezadas por la jefa del bloque oficialista, la senadora Patricia Bullrich.
Los detalles técnicos de la adenda
Desde la Casa Rosada insistieron en llevar tranquilidad a los legisladores, remarcando que las modificaciones introducidas tienen un carácter puramente formal y de actualización. Según el texto oficial del proyecto, la adenda se limita a actualizar el listado de bonos incluidos en los anexos para reflejar con precisión la tenencia informada por los propios acreedores en las últimas semanas.
“La enmienda no altera el monto global del acuerdo, no amplía de ninguna manera las obligaciones financieras para la República Argentina y no genera exposición adicional alguna”, señalaron fuentes gubernamentales, destacando además que el entendimiento contempla una exoneración total de futuros reclamos para el Estado argentino.
El monto total del entendimiento se mantiene firme en US$104 millones, una cifra calculada sobre sentencias firmes dictadas por tribunales de los Estados Unidos. Dentro de este esquema, se destaca que la Argentina realizará un pago único en efectivo de US$67 millones al fondo Bainbridge Fund, mientras que el resto completará los compromisos con el grupo de acreedores encabezado por Attestor. En contraposición, todos aquellos reclamos vinculados a títulos considerados prescriptos quedaron debidamente rechazados y fuera del cálculo.
Blindaje de activos soberanos
El entendimiento definitivo se alcanzó bajo la órbita de la jueza Loretta Preska en los tribunales de Nueva York, involucrando a fondos que no habían ingresado al canje de deuda del año 2016.
Más allá de la regularización financiera, el principal argumento del Ejecutivo para acelerar la aprobación legislativa radica en la protección patrimonial: el acuerdo suspende de manera inmediata los litigios vigentes y desactiva potenciales ejecuciones judiciales y embargos sobre activos estratégicos del Estado en el exterior, tales como las acciones del Banco Nación y de la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas.
De registrarse la firma del dictamen durante la jornada de hoy, la estrategia de La Libertad Avanza contempla llevar de inmediato el proyecto al recinto del Senado en la próxima sesión ordinaria, para otorgarle media sanción y girarlo rápidamente a la Cámara de Diputados para su conversión definitiva en ley.