Tras un mega operativo de requisa, las autoridades provinciales eliminaron los dispositivos ingresados de forma ilegal. Se analiza el retorno al sistema de videollamadas controladas ante denuncias por pedidos de transferencias de dinero.
En un reciente operativo de control, el Servicio Penitenciario Provincial procedió a la destrucción de más de 100 teléfonos celulares que fueron decomisados entre el año pasado y el actual. Según detalló a MEDIOS RIOJA la directora de la institución, Analía Tello, los dispositivos ingresaron al penal de diversas formas ilegales. «Destruimos más de 100 celulares requisados entre el año pasado y este año; no sabemos con qué finalidad se utilizaban los teléfonos incautados», explicó la funcionaria.
La preocupación de las autoridades radica en que, si bien cada pabellón cuenta con dos teléfonos analógicos para comunicaciones permitidas, la mayoría de los secuestrados son equipos táctiles y digitales. Tello reveló que el control se intensificó tras detectar irregularidades externas: «Recibimos denuncias de familiares donde internos le pedían transferencias de dinero», señaló sobre el uso ilícito de la tecnología dentro de los muros.
Como medida preventiva, la dirección analiza suspender definitivamente el uso de dispositivos personales. «Analizamos prohibir el uso de celulares para todos los internos. Queremos volver a las videollamadas como era en la pandemia», afirmó la directora. Cabe destacar que, en los pabellones de máxima seguridad, si bien no se hallaron teléfonos, las requisas dieron como resultado el hallazgo de elementos cortopunzantes.
Por otro lado, Tello se refirió a la compleja situación económica y de infraestructura que atraviesa el penal. Denunció un retraso de más de un año en el envío de fondos destinados a los internos federales, una carga que actualmente está absorbiendo el Estado provincial. La situación se vuelve crítica debido a que el cupo de alojamiento se encuentra totalmente saturado.
Finalmente, la funcionaria advirtió que la gestión local está evaluando qué medidas tomar respecto a los detenidos bajo jurisdicción nacional ante la falta de recursos y espacio. El objetivo central de estas acciones busca restablecer el orden interno y garantizar que las comunicaciones de los internos se realicen bajo los canales oficiales y controlados por la institución.
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