El Tribunal Superior de Justicia resolvió mediante Acuerdo N°30/24 declarar la emergencia pública en materia económica, financiera y administrativa en la Función Judicial de toda la Provincia de La Rioja.
Asimismo, el TSJ dispuso suspender los ascensos, promociones y designaciones y locaciones de servicio en el ámbito del Poder Judicial de toda la provincia.
Por su parte, se decidió restringir todo tipo de viáticos y/o comisiones, salvo aquellos que sean para el cumplimiento judicial; también se proceder a la recisión y/o no renovación de todo contrato de personal y/o suministro que no resulte indispensable. De esta manera, se suspenderá la cobertura de cargos superiores y/o jerárquicas vacantes, salvo necesidad del servicio de justicia.
En cuanto a la utilización de vehículos oficiales se suspenderá su uso, exceptuándose aquellos vehículos que sean imprescindibles para la administración de justicia, a fin de evitar un aumento de los gastos y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos asignados.
Esta decisión, fue tomada ante la crítica situación económica y financiera que atraviesa la provincia y especialmente la Función Judicial, y la alta inflación experimentada durante este año, la cual ha erosionado significativamente el presupuesto del Poder Judicial.
La crisis económica ha puesto en jaque la capacidad de la Justicia para afrontar los gastos de funcionamiento básicos para el desempeño de los órganos judiciales, como papelería, toner, equipos informáticos, entre otros. Esto mismo, ha repercutido en los gastos de mantenimiento de la infraestructura de los edificios judiciales, además, de no poder cubrir los gastos de funcionamiento, comprometiendo seriamente el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y dificultando el normal desarrollo de los procesos judiciales.
Finalmente, el TSJ resolvió en su acuerdo que esta medida durará hasta tanto dure la emergencia. Por lo que, los recursos ahorrados podrán ser destinados a otras áreas prioritarias, como la mejora de la infraestructura, la compra de insumos y la capacitación del personal; estableciendo criterios claros para la reanudación de ascensos, promociones y designaciones una vez superada la emergencia. Estos criterios se basarán en el desempeño del personal, la antigüedad en el cargo y las necesidades de la Función Judicial.