Tras recibir múltiples denuncias por tratos inadecuados y situaciones de intimidación, el máximo órgano judicial de la provincia dispuso una restricción de contacto por 120 días que afecta a una magistrada de la Primera Circunscripción.
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja, en ejercicio de sus facultades de superintendencia, resolvió dictar medidas preventivas en el ámbito de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, tras la acumulación de diversas actuaciones que exponen situaciones vinculadas a presunta violencia laboral.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), reunido en Acuerdo de Superintendencia y Control Judicial, analizó las actuaciones correspondientes a los expedientes N° 499, 501, 503 y 504, en los cuales se pusieron en conocimiento distintos hechos ocurridos en dependencias judiciales de la Primera Circunscripción, los cuales presentan un denominador común en relación a conductas atribuidas a una magistrada de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas.
De acuerdo a lo expuesto en las actuaciones, se receptaron denuncias y testimonios de empleados judiciales, secretarias y magistradas, quienes relataron situaciones que incluirían episodios de trato inadecuado, manifestaciones en tono elevado, exigencias consideradas improcedentes y posibles situaciones de intimidación en el ámbito laboral. Asimismo, se señalaron dificultades en la organización interna de la Cámara, vinculadas al traslado de expedientes sin registración administrativa previa y a requerimientos de documentación en condiciones de cumplimiento complejo.
Entre los hechos informados, se destacan manifestaciones sobre intervenciones intempestivas en espacios de trabajo, episodios de tensión en la interacción con personal judicial y solicitudes de medidas de resguardo por parte de quienes se desempeñan en dichas dependencias, con el objetivo de garantizar condiciones laborales adecuadas y evitar posibles situaciones de conflicto.
En este contexto, el máximo órgano judicial provincial recordó que, conforme a la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de la Función Judicial, le corresponde ejercer la superintendencia sobre los órganos jurisdiccionales y administrativos, incluyendo la tramitación de procesos disciplinarios administrativos ante eventuales faltas en el desempeño de magistrados, funcionarios y empleados.
Tras el análisis integral de las actuaciones, y con el fin de preservar un ambiente laboral adecuado y garantizar la continuidad del servicio de justicia, el TSJ dispuso la adopción de medidas de protección de carácter preventivo. En tal sentido, se estableció la prohibición de contacto y comunicación entre la magistrada involucrada y el personal que no integra su sala, incluyendo juezas y funcionarios de las restantes salas de la Cámara Primera.
Dicha medida tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, contados desde su notificación, y su eventual incumplimiento podrá dar lugar a la aplicación de sanciones conforme a la normativa vigente.
Finalmente, el TSJ ordenó la intervención de la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial para la correspondiente notificación y seguimiento de las medidas dispuestas, en el marco del Reglamento Disciplinario y del Protocolo de Actuación para la Prevención de la Violencia Laboral en la Función Judicial.