La líder de la Coalición Cívica planteó que existe un «cuadro crítico y sostenido de desfinanciamiento». Pidió una serie de medidas urgentes.
En medio de los intentos del Gobierno por desactivar el conflicto con el anuncio de un aumento salarial para los residentes, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció públicamente que la gestión del presidente Javier Milei está incurriendo en un «abandono deliberado» del Hospital Garrahan. Carrió solicitó la constitución de una comitiva para investigar el estado operativo del principal centro pediátrico del país y la situación de sus trabajadores.
La ex diputada nacional hizo pública su presentación ante la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, a través de sus redes sociales. En el escrito, Carrió planteó la existencia de un «cuadro crítico y sostenido de desfinanciamiento» en el Hospital Garrahan, el cual, según su análisis, «no puede ser interpretado como una mera omisión administrativa ni como una contingencia presupuestaria, sino como una política activa de regresión de derechos fundamentales, en particular del derecho a la salud de la niñez».
En su presentación, Carrió pidió una serie de medidas urgentes. Entre las más destacadas, solicitó la constitución de una comitiva integrada por defensores públicos, profesionales técnicos y personal especializado. El objetivo de esta comitiva sería investigar el estado operativo del hospital, recabar testimonios de empleados y pacientes, y requerir la documentación pertinente a las autoridades del nosocomio.
Además, la líder de la Coalición Cívica demandó la intervención de los defensores públicos de menores e incapaces. Asimismo, instó a que se interponga un recurso de amparo para que se restituya el presupuesto original del centro de salud y que se prohíba la implementación de nuevos recortes que puedan afectar su funcionamiento y la calidad de la atención médica que brinda.
La denuncia de Carrió se produce en un momento de tensión en el Hospital Garrahan, donde los médicos residentes habían iniciado reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales. Si bien el Gobierno anunció un incremento que llevaría los salarios de los residentes a $1.300.000 a partir del 1 de julio, la acusación de «abandono deliberado» por parte de una figura política de la talla de Carrió añade una nueva capa de complejidad al conflicto.